La intervención en el mercado cambiario le dio un respiro al gobierno del presidente Alberto Fernández, con una baja de 27 pesos en el dólar blue y valores similares en los financieros (CCL y MEP). El menú propuesto por el ministro Martín Guzmán logró bajar la brecha cambiaria sin convencer a los mercados y abriendo otros interrogantes. El primero tiene que ver con las reservas internacionales del Banco Central que continuaron bajando.
Las estimaciones privadas coinciden en que las reservas líquidas son negativas y varias han advertido que el Banco Central, rascando el fondo de la olla, está echando mano a los encajes de lo depósitos bancarios en dólares. A fines de la semana pasada, dos informes económicos privados calcularon esas reservas negativas, en algo más de 2.000 millones de dólares.
La restricción está golpeando con fuerza a los importadores que advirtieron el aumento de las regulaciones para acceder a los dólares comerciales, e igual con las empresas que deben cancelar deudas en dólares.
El escenario de reservas es aún más delicado considerando que el superávit comercial se ha evaporado en las últimas semanas, al ritmo de la crisis y que las agroexportaciones siguen ausentes. La baja temporal de las retenciones a la soja no originó el ingreso adicional de divisas que previó el ministro Martín Guzmán y tampoco lograron quebrar las expectativas del campo. Una encuesta reciente (Amplicagro) sobre el clima de negocios y opinión de los productores, arroja resultados contundentes: más del 90% espera una devaluación brusca del Gobierno en los próximos 2 ó 3 meses y respecto el “plancito” de rebaja temporal de las retenciones, el 88% lo considera insuficiente; y adicional a esto, el 53% esperan aumentos de los precios internacionales de sus productos.
Con esta perspectiva, la sequía de aportes de dólares del campo a las reservas no llegaría este año y podría extenderse hasta que el sector no advierta un cambio en la gestión oficial.
Un segundo interrogante de la intervención de Guzmán en el mercado de cambios, tiene que ver con un giro en la política de endeudamiento. El Gobierno levantó como bandera bajar la deuda debido a que no resultaba sostenible. Ahora ese objetivo habría pasado a segundo plano. Guzmán decidió avanzar con la colocación de deuda en pesos, pero con la cláusula dólar link, es decir ajustada por la cotización de la moneda norteamericana. En esta coyuntura puede resultar atractiva para el mercado, con tenedores de pesos que de esta manera no irían al dólar y así bajar la presión sobre su cotización. Aunque, esa deuda se convertiría en una bola de nieve si hubiera una devaluación más adelante. Otro punto es la intervención oficial, usando las tenencias de títulos en poder de la Anses, con bonos de deuda refinanciados un mes atrás y que debieran respaldar las futuras jubilaciones. Para esto, el organismo de los jubilados, toma deuda en pesos emitidos por el Ministro, vendiendo sus bonos en dólares de su cartera a precios de default.
En síntesis, por esta triangulación el Gobierno toma deuda en dólares a tasas del 15% a 16%. No es claro hasta donde llevará Guzmán este mecanismo que en lo inmediato le permite ganar tiempo, aunque a costa de un enorme costo financiero.
Un último aspecto del plan de Guzmán está vinculado al Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento con el organismo fue cuestionado y se afirmó que no se volvería a recurrir a este financiamiento.
Ahora se coquetea con el FMI y se deja trascender que la Argentina pediría el último tramo del programa acordado por Mauricio Macri, algo más de 5.000 millones de dólares, para afrontar la perdida de reservas del último año. La versión oficial no parece coincidir con las señales que bajan de Washington DC y las que recibe el sector privado. El FMI a través de su titular Georgieva Kristalina, reiteró su respaldo a la Argentina pero pidió antes que Alberto F. definiera un programa y postergó retomar las conversaciones para mediados de noviembre, una vez sea conocido el resultado electoral en EE.UU.
En las últimas semanas Guzmán ha ensayado un giro, no muy enérgico, anticipando que no continuará el congelamiento de tarifas en el 2020 y ganando tiempo con el impuesto a lo ricos que impulsa Carlos Heller (que habría sido aprobado por Alberto F.). Por el momento, no fue tratado en Diputados en conjunto con el Presupuesto 2020, como se dijo y habría una posibilidad que no se incluya en la agenda de noviembre, con lo cual pasaría para el año próximo o sería olvidado.
La sanción de este impuesto podría entrar en conflicto con el FMI y también con el proyecto de reforma impositiva que impulsaría el mismo Guzmán. Pero más allá de estas especulaciones, lo cierto es que el impuesto a la riqueza expone a la administración de Alberto F. a un revés judicial y quizás a una rebelión fiscal. La absoluta mayoría de los tributaristas considera a este gravamen como confiscatorio e inconstitucional, al afectar el patrimonio de las personas.
Es decir, que su sanción sería continuada por una judicialización que podría llegar hasta la Corte Suprema. Por último, surgen inconsistencias muy evidentes en el oficialismo: la semana última se aprobó un blanqueo para la construcción, con el fin de promover las inversiones inmobiliarias. ¿Y en simultáneo se propone gravar todo tipo de inmuebles además de otros activos?
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