Alberto Fernández lo volvió a hacer. Por segunda ocasión consecutiva, avaló primero una salida moderada al conflicto de Vicentin, luego de haber impulsado la expropiación de la cerealera, y luego a las pocas horas regresó sobre sus pasos para situarse en el punto de partida. Entre la mediación del gobernador santafesino Omar Perotti y la política del “todo o nada” de Cristina Kirchner, el Presidente parece hoy más que nunca enredado en sus propios límites políticos.
La cancha sobre la que juega Alberto Fernández tiene las líneas marcadas con antelación. Cada vez que intenta ir un poco más allá, el Presidente entra en conflicto con algún sector interno de la coalición gobernante. Claro que resaltan las advertencias que le llegan desde el Senado, donde manda la vicepresidenta, pero las diferencias internas en el Frente de Todos no son potestad únicamente de Cristina: a esta altura de los hechos, se puede apuntar que el silencio de Sergio Ma-ssa “habla”.
Por afuera del elenco oficial, Alberto F. se topó con otros límites bien claros. El primero de ellos es el legal: la intervención dispuesta por decreto –apelando a “legislación” de la última dictadura- es inconstitucional porque el Ejecutivo no puede interferir en la jurisdicción de otro poder como el Judicial, encargado de administrar el concurso de acreedores de Vicentin. El segundo límite lo renovaron ayer con elocuencia los productores agropecuarios que salieron a protestar en distintos puntos de país.
La actuación del juez
A su manera, el Presidente reconoció el error de haber intervenido la cerealera cuando aceptó la propuesta de Perotti para que un organismo oficial santafesino tome parte del concurso bajo la supervisión del juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, pero ahora depende de que el magistrado avale la presentación del gobierno provincial. Para ello, tendría que suspender el fallo que repuso al directorio de la compañía y ubicó a los interventores como “veedores”.
Si en algo están de acuerdo Alberto F. y Perotti es en que “no es aceptable” que Vicentin continúe con el mismo directorio que la llevó a la situación actual. Especialmente, el apuntado es el Ceo Sergio Nardelli, a quien en el oficialismo reprochan su cercanía al expresidente Mauricio Macri. La senadora santafesina Sacnun contó en plena sesión el último jueves que Nardelli le dijo a un gremialista de la alimentación la frase “yo soy Macri” para justificar su presencia en una reunión.
Pero más allá de las preferencias políticas de Nardelli, lo que realmente importa es si sus contactos le permitieron endeudar a Vicentin de forma tal de poner en riesgo su propia continuidad. Los créditos que la compañía recibió del Banco Nación fueron muy elevados, pero no los únicos: el embajador de Holanda en la Argentina, Roel Nieuwenkamp, se comunicó con el ministro Matías Kulfas para manifestarle su preocupación por la deuda de Vicentin con el Rabobank de su país.
El mal clima se agudizó cuando Latam anunció el cese de operaciones de su filial argentina. Por cierto que el sector aerocomercial quedó atrapado en la parálisis global por la pandemia de coronavirus, pero también lo es que la empresa se retiró de la Argentina y no de otro país. Habría primado el mal recuerdo de una relación muy desgastante con el kirchnerismo.
Desde esa fuerza apuntaron que los balances de Latam dieron ganancias durante la segunda presidencia de Cristina y se hundieron con la de Macri, a la par del surgimiento de las “low cost” que impactaron en el sector aerocomercial. Ese daño ya está hecho, pero una agenda para la pospandemia debería habilitar los vuelos entre provincias libres de coronovirus, de modo tal que empiecen a reactivarse actividades motorizadoras de la economía, como lo es el turismo.
Una nueva moratoria
El Gobierno dejó trascender, en la misma línea, que enviará al Congreso una nueva moratoria impositiva sobre la que trabajan la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y los diputados Darío Martínez y Carlos Heller. El proyecto incluiría un cambio sustancial respecto de la última moratoria: será más amplia, ya que contemplará a las grandes empresas y no sólo a las pymes; tomará deudas vencidas al 31 de mayo y la primera cuota se pagará recién en noviembre.
Los beneficios proyectados dan cuenta de la necesidad del Estado por mejorar la recaudación, que se derrumbó durante la cuarentena, y asimilan pedidos como que el que hizo la Unión Industrial. La encrucijada económica en la que se encuentra el país es muy delicada: las empresas empiezan a demorar y fragmentar los pagos de salarios y las cargas patronales, imposibilitadas de colocar su producción en el mercado muchas de ellas, lo que provoca una notoria incertidumbre laboral.
En el plano externo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de extender un mes el plazo de las negociaciones con los fondos que agrupan a bonistas de la deuda. El prospecto que envió a la SEC estadounidense indica que las conversaciones podrían terminar antes, pero en todo caso la prórroga refleja la voluntad del Gobierno de continuar las conversaciones, tras una semana en la que hubo un estancamiento entre la oferta de Guzmán y las pretensiones de los acreedores.
El propio Gobierno dio una señal de que las arcas del Estado están exhaustas, al anunciar el pago del aguinaldo de mitad de año en cuotas y limitar el programa ATP –que abona hasta el 50% del salario de empleados privados- a las compañías cuya actividad haya sido afectada directamente por la pandemia y la cuarentena. Si bien la mayor parte del territorio nacional empieza a retomar cierta normalidad, la situación epidemiológica del AMBA atraviesa por su peor momento.
Fatiga social y económica
La fatiga social y económica frente a la extensión del confinamiento obliga a las autoridades a pensar con detenimiento cada medida. La imagen de trabajo en conjunto que dieron el gobernador Axel Kicillof y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta es la apropiada para esta hora.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en su primer informe de gestión ante el Senado que hay 7.500 efectivos de fuerzas federales, un “20% más que el año pasado”. Pero entre los controles por la cuarentena y la persistencia de la inseguridad, evidentemente esa dotación no alcanza. Entre los problemas estructurales y los coyunturales, la región metropolitana de Buenos Aires es una brasa caliente en las manos de los gobernantes de todos los signos políticos
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