Quienes frecuentan a María Eugenia Vidal aseguran que ha cambiado el rictus habitualmente relajado de su rostro. Se la percibe más seria, de semblante más severo. Algo que jamás será captado por una cámara porque la dama sabe cuidar las formas.
La gobernadora percibe lo que se viene: un último año de mandato, en el que además buscará la reelección, mucho más complicado de lo que hubiera imaginado hace meses. Ajustado para las arcas provinciales en unos 40 mil millones de pesos, según estimaciones informales que quedarán plasmadas oficialmente la semana que viene, cuando ingrese a la Legislatura el Presupuesto bonaerense para 2019.
Existe, en efecto, cierto enojo en el vidalismo con la Casa Rosada. Será negado siempre, como corresponde a la lógica corporativa de un equipo de gestión.
Porque eso siguen siendo, por ahora, Vidal y Mauricio Macri. Pero todos los funcionarios provinciales tienen muy en claro que, frente a la necesidad de aprobar el presupuesto nacional de déficit cero que el Presidente acordó con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional tomó la decisión política de “sacrificar” a la provincia de Buenos Aires, la gran perjudicada en el recorte de fondos.
“Se la entregó a los gobernadores del peronismo”, ilustra una alta fuente en La Plata, consciente de que las provincias opositoras pagarán un costo menor por el ajuste obligado.
A pesar de esto, no aflojó la presión partidaria sobre Vidal para procurar un triunfo de Cambiemos en Buenos Aires, que ayude a empujar la chance reeleccionista de Macri a nivel nacional. Eso es así, a pesar de que habrá menos obras públicas y más presión social en el Conurbano, como consecuencias del parate de la economía.
Con la obligación de hacerse cargo de unos 40 mil millones de pesos en concepto de absorción de subsidios nacionales –al transporte y la energía- y por la desaparición de los ingresos que representaba el Fondo Sojero, Vidal ya empezó a negociar el apoyo opositor a su Presupuesto, algo indispensable para aprobarlo antes de fin de año.
También, la necesidad de salir a tomar más deuda de la que se pidió este año. Extraoficialmente, en el vidalismo se habla de 100 mil millones de pesos, acaso para finalmente cerrar un número más bajo.
Ante el achique de fondos, la mandataria viene reclamando una actualización por inflación del Fondo del Conurbano que representaría unos 19 mil millones de pesos. Y que, según la visión oficial, le devolvería a esa caja el sentido que tenía hacia fines de 2017, cuando la gobernadora consiguió que se reconociera la histórica discriminación que sufría la Provincia y planeó que ese dinero se destinara a paliar el déficit heredado en obras de infraestructura.
Esa partida no figura en el presupuesto nacional que ya tiene media sanción. Algunas versiones dicen que Vidal tiene la promesa de Macri de que el dinero llegará a través de una inyección directa desde las arcas nacionales. Y que por ahora no se blanquea para evitar molestar al peronismo en el Senado nacional, de cuya buena voluntad depende la media
sanción que le falta a la ley de leyes. Las fuentes que abonan esta tesis, evidentemente optimistas por naturaleza, son las mismas que aseguran que aquel enojo de Vidal es algo “sobreactuado”.
Conviene volver al Presupuesto provincial. Ha cobrado otra vez cierto peso en la negociación el Frente Renovador de Sergio Massa, que cuenta con una docena de diputados provinciales que podrían apoyar el proyecto oficial si el tigrense acuerda con el Ejecutivo. Por cierto, sería lo contrario de lo que hizo el espacio a nivel nacional hace una semana, cuando votaron en contra del que envió Macri.
A diferencia de otros años, Massa se corrió de la negociación bonaerense, o al menos eso dice él, y nominó una mesa de delegados para conversar los detalles. Son los legisladores Jorge D´Onofrio, Rubén Eslaiman, Fernando Carballo, Valeria Arata y alguno más.
Se supone que el grupo representa cierta “fiereza” o “dureza” a la hora de negociar, acaso porque el de Tigre esperaba que, a esta altura, la negociación estuviera más encaminada y ahora destila cierto enojo o impaciencia. Sucede que en el gobierno vidalista vienen dilatando las definiciones a sus pedidos para asegurar apoyo al proyecto elaborado en el Ministerio de Economía.
Una de las condiciones, la de votar una iniciativa que le permita a los intendentes de la Provincia separar las elecciones comunales del resto con la excusa de fortalecer la autonomía municipal, parece bastante fría. O al menos muy discutida. Entre otros motivos, porque la Casa Rosada la ve con malos ojos.
“En Balcarce 50 no gustan ese tipo de cambio de reglas”, explica una fuente oficial.
El massismo también estaría pidiendo que se cumpla la promesa de Vidal, supuestamente realizada a fines del año pasado cuando se arregló el apoyo al Presupuesto de 2018, de entregarle al Frente Renovador al menos un sillón de los que están vacantes en el Tribunal de Cuentas provincial, un nicho al que la política siempre aspira. Massa, de hecho, creería que la gobernadora está en deuda con su espacio por esa indefinición. Final abierto.
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