Objetivo K: ejercer el poder como forma de retenerlo

"Necesitamos otros diez años con este modelo". Así se despachó el viernes pasado Axel Kicillof ante un auditorio integrado por empresarios pyme que no salían de su asombro por la osadía del ministro de Economía. Es que el funcionario más escuchado por la Presidenta se comportó allí como esos boxeadores que salen a tirar piñas aún cuando están siendo duramente castigados en un combate que se les presenta a contramano. Y que se plantan a dar y recibir sin miramientos.
Entonces, se lo escuchó a Kicillof decir cosas como ésta: "Lo que estará en juego el año que viene es la continuidad de este programa". Se trató de una afirmación propia de un diálogo de sordos, puesto que los hombres de negocios nucleados en la CAME le acababan de advertir que la actividad industrial del sector cayó un 7,8% en septiembre y que las ventas minoristas se desplomaron un 8,2% en el mismo período. Aún así, el ministro no hizo ninguna autocrítica.
Por el contrario, ensayó una defensa política de la gestión kirchnerista de la economía, a la que contrapuso con las de José Alfredo Martínez de Hoz en la década del 70 y la de Domingo Cavallo en los años 90. Así, siguió la línea impuesta por Cristina Kirchner que advierte sobre los males que recaerían sobre la Argentina en caso de que el oficialismo no logre retener el poder en 2015. Pero nunca reparó en que la situación de los empresarios dista de ser positiva en este mismo período.

Reservas en caída

A partir de este cuadro desfavorable es que comenzaron a intensificarse nuevamente las versiones sobre un acuerdo con los "fondos buitre" en enero próximo, una vez que caiga la cláusula RUFO, como una manera de recuperar inserción internacional y paliar la falta de dólares para una economía que los necesita como el aire para respirar. Mientras tanto, el Gobierno saldrá el jueves a colocar un bono por US$ 1.000 millones "denominado en pesos" para hacerse de liquidez.
Pero el financiamiento grande sólo llegaría una vez que se desactive el litigio judicial con los holdouts en Estados Unidos y eso está por verse. Por lo pronto, es lo que necesitarían los precandidatos oficialistas a la Presidencia para llegar a la parte clave del proceso electoral -las PASO de agosto y las generales de octubre de 2015- con un mejor clima económico que el actual, cuando el "modelo" es visto como parte del problema antes que de una posible solución.
Por ende, comienzan a verificarse situaciones absurdas: los gremios y los empresarios se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de que se pague a los trabajadores un bono de fin de año para hacerle frente a la caída del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno -que siempre alentó la recuperación del ingreso de los asalariados- ahora lo considera inconveniente, porque podría desbocar una inflación que, para colmo, no termina de reconocer en su justa dimensión.
En este punto, anida en el kirchnerismo duro cierto anhelo inconfesable de que el próximo gobierno -eventualmente en manos de la oposición- aplique un ajuste de tipo ortodoxo para enfrentar el creciente déficit fiscal que padecen las arcas estatales. Esa lógica implica llevar la economía hasta diciembre de 2015 como una bomba a punto de explotar, siempre tomando los recaudos para que no termine de detonarse en las manos de Kicillof ni de Cristina Kirchner.

Los errores del pasado

Pero aunque ése fuera el plan del ultrakirchnerismo, no contempla que un país puede y debe aprender de los errores del pasado, especialmente si fueron recientes como el recorte del 13% de las jubilaciones y salarios públicos ejecutado por el Gobierno de la Alianza en el año 2000. A partir de ese tipo de razonamiento se pueden entender las advertencias lanzadas por figuras del oficialismo sobre el quite de la Asignación Universal por Hijo o la suspensión de obras públicas. Hasta el habitualmente moderado Daniel Scioli se plegó a la estrategia diseñada por la Casa Rosada.
Los líderes del Frente Renovador y del PRO recibieron la andanada oficialista -que no hizo más que confirmar su buen posicionamiento en las encuestas- y se pusieron en primera instancia a la defensiva, al verse obligados a garantizar que no darían de baja los planes sociales implementados por el Gobierno ni reprivatizarían, llegado el caso, a la petrolera YPF. Pero luego cayeron en la cuenta de que la patinada oficialista era tan notoria que no podía más que beneficiarlos.
Ambos se enfocaron en los últimos días al armado de sus fuerzas electorales. Tanto Massa como Macri prosiguen sus contactos con dirigentes radicales del interior del país, en la búsqueda de ensanchar sus bases de sustentación en distritos en los que no cuentan con figuras propias. Por eso el martes Massa visitará a José Cano en Tucumán, donde se tomarán una fotografía similar a la que el líder del FR obtuvo con Gerardo Morales en Jujuy. La conducción del radicalismo tomó nota de esta situación, pero llegó a la conclusión de que no lo puede impedir.
De hecho, los precandidatos presidenciales de la UCR, Ernesto Sanz y Julio Cobos, ratificaron en un encuentro a puertas cerradas en el Comité Nacional su acuerdo con que los candidatos distritales del partido se alíen con otras fuerzas en las provincias, siempre y cuando no les retaceen luego apoyo para la elección nacional. Pero mientras ambos sigan midiendo en las encuestas menos que Massa y Macri, las negociaciones continuarán y se irán blanqueando con el paso de los meses.
Por su lado, el peronismo oficialista parece decidido a abroquelarse bajo el sello del Partido Justicialista. No fue menor, en este sentido, la coincidencia de cuatro precandidatos presidenciales en el acto del PJ bonaerense por el 17 de octubre: Scioli, Florencio Randazzo, Sergio Urribarri y Agustín Rossi. Allí volvieron a escucharse versiones sobre la posible bajada del ministro del Interior y Transporte a la Provincia, como parte de un acuerdo amplio con el aval de la Presidenta.

Sobre Scioli

Otro de los precandidatos, Julián Domínguez, comentó que cada vez que critican a Scioli ante Cristina Kirchner, la mandataria lo defiende, lo cual hizo reverdecer las posibilidades del Gobernador de ser ungido candidato oficialista, tal vez secundado por Urribarri. El discurso de Scioli en los últimos días terminó de verificar esta situación, pese a que su esposa Karina Rabolini -muy presente en la campaña- haya vuelto a pedirle a la Presidenta que "confíe" en su marido.
Pero mientras se sucedían estos devaneos preelectorales, tanto la Provincia como la Capital se vieron conmovidas por el hallazgo del cadáver de Luciano Arruga, que apareció enterrado en el cementerio de Chacarita como NN tras casi seis años de infructuosa búsqueda por parte de su familia. El caso ventiló dudas sobre el accionar de sectores de la Policía bonaerense con jóvenes de barriadas pobres e ineficiencia de las autoridades porteñas que no identificaron el cuerpo.
Tampoco se destacó el desempeño de la Justicia, por lo que terminó primando esa ausencia del Estado que tanta desazón causa a los sectores más postergados de la sociedad. Pese a las críticas al comportamiento del Poder Judicial, en los últimos años la actividad de la Corte Suprema logró revertir una cuota de ese desprestigio, con fallos que resultaron independientes de los poderes políticos y económicos. Aunque su integración vuelve a ser ahora motivo de debate público.
Es que la anunciada salida del ministro Eugenio Zaffaroni  -quien cumplirá 75 años en enero próximo- instaló la polémica sobre si es conveniente que la Corte siga funcionando con cuatro miembros o si el Gobierno debería iniciar el proceso para nombrar a un nuevo magistrado, aún cuando no cuenta en el Senado con la mayoría calificada para imponer un candidato propio, en medio de anticipadas acusaciones acerca de su vocación para consolidar una "Justicia adicta".
Por eso la Presidenta se encuentra ante una muy buena oportunidad para retomar el espíritu original del kirchnerismo respecto de la Corte, nominando a algún candidato que cuente con el consenso de otras fuerzas políticas. Nombres como los de León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra comenzaron a ser mencionados en los pasillos de Tribunales y el Congreso, pero ellos guardan silencio porque saben que media palabra bastaría para que les bajen el pulgar presidencial.
Sería ingenuo pensar que una Presidenta que impulsa la renovación de los códigos de justicia no vaya a mover alguna ficha para completar al máximo tribunal del país. El objetivo político del kirchnerismo parece ser, en definitiva, ejercer el poder tanto tiempo como pueda retenerlo.