La estrategia de dejar que el problema de la deuda reclamada por los fondos “buitre” lo resuelva el próximo gobierno encuentra escollos cada vez más duros en la justicia de Nueva York, la cual considera que la administración de Cristina Fernández busca hacer “trampa” en el litigio.
La Argentina intenta dilatar una salida para el litigio con los fondos buitre, pero choca con la sorpresiva dureza del juez de Nueva York Thomas Griesa, que ha tomado partido por los fondos especulativos y mantiene una posición cada vez más distante del gobierno kirchnerista.
A tal punto que, en un hecho poco usual, Griesa emitió una advertencia al enterarse de que la Argentina insinuaba cambiar la jurisdicción para el pago de los títulos de deuda.
El gobierno amagó con esa medida extrema porque considera que existen pocas chances de que la Corte Suprema de Estados Unidos incluya la apelación argentina en su listado de causas a tratar.
Al menos no lo ha hecho hasta ahora y se reducen los tiempos para que ello ocurra.
Si la Corte rechazara tomar la causa, automáticamente quedaría firme el fallo de Griesa que obliga a la Argentina a pagarle 1.340 millones de dólares a los fondos buitre que iniciaron el litigio en el tribunal de Manhattan.
Pero, aún peor, sentaría un precedente para que el resto de los bonistas también reclamaran cobrar al 100 por ciento sus títulos de deuda, lo que pondría a la Argentina en “default técnico”. El análisis no es especulación de especialistas, sino un hecho concreto del cual Cristina tomó nota hace varios meses por las advertencias que llegaban del estudio jurídico que representa a la Argentina en Nueva York.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino -quien se ve fuera del Palacio de Hacienda después de octubre y podría ser reemplazado por Axel Kicillof o Mercedes Marcó del Pont-, estuvo en Estados Unidos sondeando lo que viene y se lo sinceró a la presidenta, lo cual explica en parte la virulenta reacción de la mandataria.
“Nos quieren dejar en default”, bramó Cristina Fernández, que buscó comparar sus padecimientos con las penurias que viene sufriendo Barack Obama, cuyo gobierno quedó en una encerrona presupuestaria que obligó a paralizar la administración pública.
Cristina dijo que legisladores republicanos “extorsionan” al gobierno de Obama al no aprobarle el Presupuesto como lo hace la Justicia norteamericana con la Argentina.
En cuanto al Presupuesto, la presidenta no se puede quejar de lo mismo aquí, donde no sólo su polémico proyecto va camino de convertirse en ley la semana próxima, sino que también obtendrá la aprobación de la controversial ley de Emergencia Económica, por la cual se pueden reasignar partidas y mantener el distorsivo impuesto al Cheque, que cada vez recauda más y buena parte no se coparticipa sino que engorda Rentas Generales.
Sobre lo segundo, a esta altura parece que la Argentina erró la estrategia judicial en la causa iniciada por los fondos buitre, en especial cuando subió el tono de los discursos y dijo que más allá de lo que resolviera la Justicia norteamericana la Argentina no le pagaría a los bonistas lo que pretenden.
Un revés ante la Justicia norteamericana tal vez termine siendo el último acto de un ministro de Economía al que la presidenta debería haber escuchado un poco más y dejará para el anecdotario una frase tal vez sobredimensionada pero literal: “Me quiero ir”.
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