El Gobierno Nacional apeló el fallo de una jueza de los Estados Unidos que había ordenado que Argentina debía pagar una indemnización de 16 mil millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012. El argumento del Poder Ejecutivo es que el caso se debe tramitar en Argentina y no en los Estados Unidos donde la jueza Loretta Preska ya obligó a una indemnización y ahora será el superior el que decida.
En ese sentido, desde el Gobierno cuestionan que la Justicia de Nueva York no debía intervenir ante cuestiones que se deben dirimir en el derecho argentino, es decir, que no tenía jurisdicción para decidir. También que hubo estimación errónea de daños sobre los demandantes y por eso también recurrieron ante la Cámara de Apelación del Segundo Circuito respecto de las sentencias emitidas por la corte de distrito de Nueva York.
El escrito cuyos detalles se conocieron en las últimas horas lleva la firma de los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, en representación de la Argentina. En su extensa presentación de más de 90 páginas, los abogados del Estado –la estrategia la lleva adelante la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra– plantearon ante la Corte de Apelaciones que Preska podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina, ya sea por cuestiones de foro no conveniente o de reconocimiento de leyes de otro país” y cuestionaron el monto multimillonario que la jueza indicó que tiene que pagar el país (un monto que se incrementa con intereses mensuales).
“Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al Gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de $2 billones (la proporción equivalente del gasto federal de los Estados Unidos el año pasado), el Gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente sorprendidos”, agregaron los abogados que representan a Argentina, según recogió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en esta larga demanda contra Argentina.
La empresa petrolera quedó fuera de la acusación el año pasado. La demanda fue iniciada por Buford Capital y Eton Park cuando el Estado argentino compró el 51 por ciento de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993.
“Son los argumentos iniciales para revertir 8 años de fallos adversos. Es la primera presentación en la era Milei”, detalló Maril en la red social. Se espera una audiencia que podrá darse en junio y según sus cálculos, basados en los tiempos que suele tomarse ese tribunal, no habrá fallo antes de fines de este año.
Además, el analista dejó un dato más que inquietante para la pretensiones del país de revertir el fallo en la instancia de apelación: “Según los datos publicados por US Courts, esta corte revierte sólo el 9,4% de los fallos emitidos por las cortes del Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra la Juez Preska”.
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