Un ajuste draconiano que ni siquiera los economistas más ortodoxos se habían animado a hacer desde el retorno de la democracia hace 40 años, una devaluación que apreció el dólar de un plumazo en un 118%, el freno en seco de la emisión monetaria y una reforma del Estado que hace empalidecer a la que lanzó Carlos Menem a principios de los ´90, fueron algunos de los argumentos centrales con los que Nicolás Posse y Luis Caputo lograron convencer a los técnicos del FMI de recomendar al "Board" del organismo multilateral reactivar el acuerdo caído con la Argentina, y desembolsar USD 4.700 millones a principios de febrero.
Con el DNU de 330 artículos ya lanzado y la posterior ley ómnibus que despabiló al Congreso y lo puso a trabajar luego de un 2023 electoral en el que permaneció casi paralizado, el nuevo gobierno de Javier Milei intentó mostrarse fuerte para conseguir el objetivo de mínima de que el Fondo Monetario prometa hacer desembolsos con vistas a poder afrontar los pagos de deuda del primer trimestre del año sin tener que echar mano de las menguadas reservas del Banco Central.
Caputo jugó una de las cartas más fuertes en la negociación a partir de un detallado informe que elaboró el equipo del presidente del Banco Central, su socio Santiago Bausili: desde que el peso fue devaluado 55%, las reservas subieron en casi USD 3.000 millones.
La recuperación de reservas es central para cualquier plan de estabilización, y más en el caso de uno de shock como el que aplicó Milei desde el primer día, según la óptica de la burocracia del FMI. El ministro de Economía sumó un dato más: presentó la proyección de que la cosecha de este año permitirá recuperar los USD 20.000 millones perdidos en el 2023 por la sequía.
Según Caputo, las reservas del Banco Central terminarán el año en el orden de los USD 35.000 millones, un nivel aceptable para frenar cualquier embate contra la moneda por parte de capitales especulativos. Las reservas cerraron esta semana al borde de los USD 24.000 millones, y el Central viene comprando a un ritmo de USD 150 millones diarios.
De esta forma, dicen en el mileísmo, el BCRA estará en mejores condiciones de hacer frente a la demanda de los importadores, clave para permitir que la industria tenga los insumos necesarios para producir, en especial el sector automotriz, que se mantiene semiparalizado en el arranque del año.
El freno a la emisión
El argumento clave puesto sobre la mesa por Caputo fue el freno a la emisión monetaria a partir de la llegada del nuevo gobierno, una cuestión que el presidente Milei se esfuerza en destacar en cada aparición.
Durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, fue enorme la disparada de la emisión monetaria, Según OJF, el estudio del prestigioso economista Orlando Ferreres, por esa razón a lo largo del 2023 la emisión para financiar el déficit tanto fiscal como cuasifiscal se aceleró fuertemente hasta alcanzar la friolera del 11,4% del PIB, tras el 6,9% que había acumulado en 2022. Es decir, desde que Massa y su proyecto de ser candidato presidencial tomaron el control de los principales resortes de la economía, la emisión no paró de crecer, lo que explica que el costo de vida haya superado el 200% el año pasado.
"El principal motivo detrás de la fuerte emisión fue el déficit cuasifiscal. En concreto, la emisión para pagar los intereses de los pasivos remunerados (Leliqs y pases) alcanzó el 8% del PIB, duplicando la cifra de 2022. Por su parte, el financiamiento monetario del déficit del Tesoro alcanzó el 3,4% del PIB versus el 2,9% del año previo", explica el detallado informe de Ferreres.
Al respecto, los técnicos del FMI dejaron traslucir el malestar del board del organismo -donde talla Estados Unidos- especialmente por el "Plan Platita", lanzado como arma por Massa cuando vio que su sueño presidencial se empezaba a esfumar. Desde la óptica de los rigurosos enviados del Fondo Monetario, el daño propinado por Massa a las posibilidades de recuperación de la economía argentina equivale casi a haber perdido todo un año de reformas claves que necesitaba el país cuando todavía la pobreza no había superado el 40%.
Ahora, con un nivel de pobres que llega casi a la mitad de la población, según datos que manejan técnicos del observatorio de la deuda social de la Universidad Católica y siempre midiendo sólo por nivel de ingresos, el esfuerzo que deberá hacer la población será mucho más grande, aseguran cerca del mileísmo.
La protesta social
Por eso en el FMI se preguntan sobre la sustentabilidad real del modelo libertario, sobre todo teniendo en cuenta el liderazgo que está tratando de construir el jefe de los camioneros Pablo Moyano, quien junto al gremialismo duro pretende emular la posición exhibida por su padre Hugo hace más de dos décadas, cuando provocó un cisma en la CGT y cuestionó el neoliberalismo de Menem y Fernando de la Rúa.
Tienen claro que la protesta gremial realizada ante los Tribunales por parte de los gremios kirchneristas, el moyanismo y la izquierda, no fue nada comparada con el aluvión de reclamos y movilizaciones que preparan los sindicatos en alianza con los movimientos piqueteros de izquierda para cuando llegue marzo. Por eso Milei pretende apretar el acelerador con sus polémicas reformas, y tener parte de la ley ómnibus aprobada a fines de enero. Eso le evitaría tener que llamar a extraordinarias también en febrero, mes en el que la oposición podría intentar voltear algunas de sus reformas clave.
En los últimos días causaron cierto malestar en sectores del mileísmo algunos rumores que empezaron a hacer circular en el Parlamento legisladores ultrakirchneristas, de paladar más que negro. Esas versiones muy interesadas sostienen un escenario desafiante: dicen que Milei no podrá avanzar con sus reformas, perderá respaldo de la población y quedará obligado a negociar en condiciones de debilidad institucional con el peronismo a más tardar en abril próximo.
Ahí, según la lógica de ciertos kirchneristas, aparecerá la dupla Sergio Massa-Axel Kicillof para mostrarse como alternativa al "modelo de ajuste brutal" que se pretendería llevar a cabo.
"Eso suena mucho a un intento golpista", respondió un mileísta duro cuando se le consultó sobre esa temeraria hipótesis. En ese contexto, las próximas semanas se irán conociendo con mayor claridad cuáles son las cartas con las que cada sector político pretende jugar la partida clave que se viene, siempre con 46 millones de argentinos de por medio, claro.
El DNU y la Ley “Bases”
El diputado nacional Eduardo Toniolli (UxP-Santa Fe) estimó que los legisladores que aún no se han expresado en el Congreso respecto de la derogación Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de Ley de "Bases" tomarán una decisión "en función de lo que pase en la calle", en referencia a la convocatoria al paro general para el próximo 24 de la CGT.
"Hay un universo de alrededor de 60 y pico legisladores que han expresado alguna mirada crítica en relación a DNU, fundamentalmente por la forma en la cual se presentó. Pero aún no se han pronunciado en forma específica. Creo que este universo se moverá en función del juego parlamentario, pero también en función de lo que suceda en la calle", señaló Toniolli.
El diputado enumeró que "hay 109-110 diputados en la Cámara baja que están dispuestos a derogar el DNU, pero recordó que son necesarias 129 voluntades para dejar sin efecto esa norma a través de la vía parlamentaria. "El decreto hoy rige parcialmente. No obstante, pasados diez días de ser tratado en la comisión bicameral, el pleno de la cámara puede tratarlo y definir. Nosotros intentaremos rechazarlo, pero hay que conseguir el número que resta", señaló.
"Creo que en este contexto, la movilización será masiva pese a las amenazas que les hicieron a los empleados estatales y a las multas que quieren aplicarles a los sindicatos por el costo de los operativos", apuntó el legislador.
"Especulan todo el tiempo en relación a cuáles son los artículos que pueden pasar o no. UxP no entra en ese tipo de negociación. Todo el paquete tiene una intencionalidad muy clara que va en contra de los argentinos", afirmó. Finalmente expresó: "Lo rechazamos totalmente, el DNU no puede ser diseccionado y en el proyecto de la ley hay artículos de delegación de poder Legislativo al Ejecutivo que implican un riesgo enorme, sobre todo en las áreas de seguridad y defensa".
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