El Gobierno nacional apeló el fallo adverso del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico que habilitó días atrás la feria judicial de verano para analizar un amparo presentado contra el decreto de necesidad y urgencia.
Antes, la jueza laboral Silvia Garzini hizo lugar a otra medida cautelar para suspender las reformas laborales incluidas en el DNU del presidente Javier Milei, esta vez solicitada por la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA).
“El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso”, afirmó la apelación presentada por la Procuración del Tesoro.
Según entienden los abogados del Gobierno liderados por Rodolfo Barra, el juez de feria “no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio juez natural”, que en este caso sería Esteban Furnari, del mismo fuero Contencioso.
En aquel fallo, el juez habilitó la feria para analizar el amparo contra el DNU presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el primero de todos los que luego le siguieron, y a su vez desarmó lo que tramitaba como “amparo colectivo”.
Es que antes del inicio de la feria, el juez titular de ese juzgado, Furnari, decidió que lo que se resolviera en ese planteo tuviera impacto para todos no sólo a aquellos que se presentaron. Eso lo había inscripto como “amparo colectivo”, pero luego quedó trunco.
Lavié Pico, en cambio, dijo que cada planteo atacaba una cuestión diferente del DNU y por eso desarmó el amparo colectivo, algo contrario a lo que pretendía el Gobierno, que prefería concentrar todos los amparos en un único juzgado.
La tercera cautelar
Mientras, la otro cautelar, la tercera que otorga la Justicia en este tema, suspende el tramo sólo de reformas laborales, al igual que la Cámara Nacional del Trabajo días atrás en dos fallos, uno a favor de la CGT y otro de la CTA.
Ahora, se prevé que el Gobierno Nacional apele el fallo de la Cámara ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de mantener vigente ese aspecto del decreto.
La entidad había cuestionado que el DNU imponía limitaciones a la organización colectiva y, además, eliminaba de la categoría de trabajadores a los viajantes vendedores.
COMENTARIOS