Desde las 14 de hoy arranca en comisiones de la Cámara de Diputados el debate para tratar el proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei bautizó como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”. Se trata, ni más ni menos, que de la Ley Ómnibus con la que el Presidente pretende establecer una emergencia pública hasta diciembre de 2025 (prorrogable por dos años más) y dotar de facultades legislativas (superpoderes) al Ejecutivo.
El proyecto de 664 artículos modifica temas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, y el objetivo del Gobierno es aprobarlo antes de que termine enero.
A nivel económico, destacan el blanqueo de hasta 100.000 dólares sin pagar impuestos, un nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social con beneficios y facilidades de pago, privatización de empresas estatales y financiación privada de la obra pública.
En lo sanitario, entre otras cuestiones, pretende cambios en la actual Ley de Salud Mental, con ingresos psiquiátricos involuntarios activados por la Justicia.
La Justicia argentina contaría con un Régimen de Juicio por Jurados a nivel federal, nuevas interpretaciones en la legítima defensa y divorcios simplificados.
Las reformas políticas incluyen un apartado con la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), un nuevo sistema de elección de diputados que eliminaría bancas en la Cámara Baja y la implementación de la Boleta Única de Papel.
El paquete también plantea la derogación completa de 14 leyes, 150 artículos de otras 21 normas, un decreto de necesidad y urgencia, junto a otros cinco decretos comunes, con los ámbitos cultural y turístico como los más afectados. Para el Gobierno se trata de una apuesta al “todo o nada” que el propio Presidente ratificó al afirmar que no negociará la división por temas de la Ley Ómnibus, pero que choca con la realidad que le impone su aparente debilidad en el Congreso.
En Diputados, La Libertad Avanza tiene 38 de 257 bancas y en el Senado, apenas 7 sobre 72, mientras que Juntos por el Cambio tiene 94 en la Cámara baja y 21 en la alta.
Por su parte, Unión por la Patria conserva 108 parlamentarios y 33 senadores, por lo que ninguna fuerza tiene los 129 necesarios para el quórum propio o los 37 de mayoría automática en el Senado. Para matizar la falta de gobernabilidad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el Ejecutivo está abierto al diálogo, pero advirtió que “los puntos de la ley no se negocian”.
Rechazos y condiciones
En ese marco, hay todo un espectro de la oposición dialoguista que quiere comprometerse con el programa de reformas que propone el Presidente. Sin embargo, se mantienen firmes en el rechazo a una serie de temas polémicos.
Más allá de la “buena fe”, lo que estos grupos opositores (que en su conjunto suman más de un centenar de voluntades) no están dispuestos a conceder es un cheque en blanco al presidente ni a discutir la iniciativa a libro cerrado.
En este contexto, estas fuerzas parlamentarias tienen un plan “semáforo”, que no es otra cosa que una estrategia para dar luz verde a una serie de medidas, poner en cuestionamiento otras, y rechazar aquellas que están en contra de sus propias convicciones.
Se trata del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que se autoperciben a sí mismas como garantes de gobernabilidad. De hecho, le han presentado al presidente varias alternativas para salvar tanto el mega DNU como la Ley Ómnibus, pero las sugerencias fueron rechazadas sistemáticamente por Milei, que no está dispuesto a cambiar ni una coma. Con todos ellos adentro, Milei tendría los votos para aprobar su ley.
“No negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar”, dijo el mandatario en declaraciones radiales, complicando así su propio panorama. Mientras, en el PRO y la UCR le piden al Gobierno que establezca “prioridades” y que corrija irregularidades en la letra del proyecto, porque “así como está no se puede votar”.
Con distinto grado de entusiasmo de acuerdo a cómo se posicione cada sector interno, en el PRO (que tiene 37 diputados propios) hay coincidencia es acompañar “el cambio” que lidera Milei.
No obstante, consideran que la delegación de facultades por dos años prorrogables por dos más es excesiva y constituye un mensaje que está reñido con las buenas prácticas institucionales.
Sin embargo, abren una hendija de diálogo al dejar entrever que considerarían concederle al presidente “superpoderes” por un año prorrogable por otro más. En la misma línea se encuentra el bloque de Miguel Pichetto. También hay dudas respecto de la suba de retenciones a la soja, que se incrementan al 33%, lo cual representa un golpe a un sector como el campo que integra lo que el PRO considera su base social.
En rojo se encuentra la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. Los adultos de la tercera edad también son parte de la base electoral del partido fundado por Mauricio Macri.
Otro punto que genera rechazo absoluto son los cambios en la Ley Federal de Pesca.
Por último, genera rispideces la propuesta de uninominalidad de circunscripción electoral, aunque sí estarían dispuestos a acompañar la eliminación de las PASO.
La UCR, que tiene 34 diputados, cuestiona prácticamente lo mismo que el PRO: la delegación de facultades, la uninominalidad de circunscripción electoral, el ajuste a los jubilados, y los cambios en el régimen de Pesca Federal son cuestiones que para ellos son indigeribles e inaceptables. Pero suman también otros rechazos como la reprivatización de YPF, que consideran innecesaria porque es una empresa que funciona con una lógica similar a la de una compañía privada y que da ganancias importantes.
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