El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a Cristina Kirchner y a más de 100 empresarios y exfuncionarios del Ministerio de Planificación por la cartelización en la obra pública. Se trata de uno de los expedientes vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas.
La acusación contra la expresidenta es, nuevamente, como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales. Además, el magistrado le dictó prisión preventiva.
Con esta nueva decisión de Bonadio, la senadora y candidata a vicepresidenta acumula doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva.
El juez y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo se centraron en este tramo de la investigación en las presuntas coimas que empresarios de la obra pública pagaron para obtener contratos con el Estado, donde varios exdirectivos de Vialidad Nacional fueron detenidos para ser indagados y acusados de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de “cobro de fondos ilegales a través de la obra pública”.
En la causa de los cuadernos, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.
La confesión de Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción, tuvo una fuerte incidencia en este expediente, que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio del financista Ernesto Clarens, que entregó un extenso listado de empresas que pagaban sobornos a exfuncionarios para garantizarse obras.
De acuerdo a lo que entiende el juez, Cristina Kirchner lideró una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal” y en la que los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.
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