Las encuestas de urgencia que recibieron el Gobierno y también algunos sectores de la oposición no dejaron lugar a dudas: el 85% de los consultados rechazaba el fallo de la Corte Suprema que benefició con la Ley del 2x1 a un represor de la dictadura. Los sondeos también registraron un apoyo de sólo el 10%. La discusión jurídica quedó entonces en un plano totalmente secundario.
Por eso Cámara de Diputados primero y luego el Senado sancionaron, en dos días, una nueva ley que establece la interpretación que los jueces deben darle a este tipo de casos, sin margen para la ambigüedad. Mientras que el Gobierno corrigió el curso de su silencio original y planteó un rechazo abierto al fallo, pese a que en forma subterránea hubo movimientos en sentido contrario.
Las versiones que rodaron desde el Palacio de Tribunales -sede de la Corte- hacían mención reiteradamente los nombres de “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello, asesores directos del presidente Macri, como impulsores de la aplicación del 2x1 para los ex militares detenidos por delitos de lesa humanidad.
En medio de semejante tembladeral, los jueces de la Corte acordaron empezar a tratar en la semana que comienza los 15 casos que tienen en carpeta, similares al que los llevó a fallar sobre el represor Luis Muiña, que actuó en el Hospital Posadas de Morón. Uno de esos expedientes será, finalmente, el que le permitirá al tribunal emitir un fallo rectificatorio, aplicando la nueva ley.
Ministra sin cartera
En el Gobierno y en un sector de Cambiemos anida la idea de dar una señal a esa porción de la ciudadanía –minoritaria pero que votó a la alianza gubernamental en el ballotage de 2015- que pide dejar atrás el drama de la dictadura, aun cuando esto implique que los represores -la mayoría de ellos ancianos- salgan de la cárcel. La portavoz de ese pensamiento es la diputada Elisa Carrió.
La jefa de la Coalición Cívica llevó la voz cantante del oficialismo en el debate parlamentario y concluyó la semana manifestándose a favor de que “los militares condenados mayores de 75 años estén en prisión domiciliaria y no en cárceles comunes”. Esta postura y la de algunos referentes del PRO incomoda al radicalismo, de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos.
Pero en este punto, Carrió parece tener una fina sintonía con el presidente Mauricio Macri, quien admira su tenacidad pese a que en algunas oportunidades lo fastidió. Si en algún momento se habló del radical Ernesto Sanz como el ministro sin cartera, ahora que se acerca el proceso electoral, ese sitial lo ocupa “Lilita”. Días atrás, denunció a la procuradora Alejandra Gils Carbó y lo informó un comunicado de la Presidencia.
La denuncia a la funcionaria identificada con el kirchnerismo fue por manejos inmobiliarios de la Procuración que dejaron dudas. También la firmó Fernando Sánchez, diputado que fue en su momento compañero de fórmula de Martín Lousteau en la capital. Pero ese entendimiento quedó en el pasado y el ex embajador –que tiene apoyo radical- pasó a ser adversario del PRO y la Coalición Cívica de Lilita.
El desembarco de Graciela Ocaña en Cambiemos fue otra señal en ese sentido. “La hormiguita” venía siendo cortejada por Lousteau para mantener su alianza en territorio porteño, pero la dama optó por cerrar con el PRO y la gobernadora María Eugenia Vidal la quiere en la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia. Aunque Ocaña no es de guardar silencio a cambio de candidaturas.
Arribas y el Lava Jato
Al día siguiente de la reunión que tuvo con Macri, Vidal y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en la Casa Rosada, Ocaña sostuvo que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, debería renunciar. El jefe de los servicios de inteligencia volvió a quedar involucrado en el Caso Odebrecht, que ventila los pagos de coimas que hizo esa empresa brasileña a funcionarios en su país y otros como la Argentina.
Pero Arribas es un amigo personal del Presidente, tanto que vive en el departamento de la Avenida del Libertador que Macri utilizó hasta que se mudó a la quinta de Olivos. Tienen una relación de años, que se cimentó en el mundo del fútbol, cuando Macri presidía Boca Juniors y Arribas –asentado en Brasil- hacía negocios como representante de jugadores.
La nueva declaración del arrepentido Leonardo Meirelles –que dijo que hizo a Arribas varios pagos negados por éste- sumió en el desconcierto a la AFI. Allí sospechan que Odebrecht sigue haciendo pagos oscuros pero ahora para salpicar a Arribas y al primo de Macri, el constructor Angelo Calcaterra. El kirchnerismo advierte, por su lado, que lo pueden implicar al ex ministro Julio De Vido y trata el tema con cuidado.
Los seguidores de la ex presidenta Cristina Kirchner hacen suyo el argumento del PT de Lula Da Silva, que sostiene: el Caso Odebrecht fue implantado por servicios secretos norteamericanos para cambiar la dirección política de Brasil, en un contexto que también incluye a Venezuela. Aun así nadie se atreve a explicar por qué tantos funcionarios aceptaron las coimas de esa empresa.
Tampoco, por cierto, lo explicó la ex presidenta Dilma Rousseff en su reciente paso por La Plata, donde quedó ratificada la alianza estratégica entre el kirchnerismo y el petismo brasileño. Aunque el escándalo del Lava Jato está lejos de apagarse en el vecino país y aquí todavía debe investigarse el destino de los 35 millones de dólares que Meirelles envió para coimas entre 2007 y 2014.
Juez por decreto
También deberá dar explicaciones Arribas, quien fue citado para el miércoles a la comisión de Inteligencia del Congreso, al tiempo que en la Cámara de Casación Penal porteña debe sortearse la sala encargada de determinar si corresponde reabrir la investigación contra el jefe de la AFI a la luz de las nuevas declaraciones de Meirelles. En la sala 2 acaba de ser designado Carlos Mahiques.
Se trata del ex ministro de Justicia de la gobernadora Vidal, que ahora fue colocado por un decreto del presidente Macri en la Cámara de Casación.
Las suspicacias sobre el comportamiento judicial y sus contactos con el poder político siguen a la orden del día en la Argentina. Por eso el Gobierno buscó ser tan cuidadoso con la Corte. De hecho, no criticó el fallo ni a los jueces que lo emitieron, sino a la Ley del 2x1 en la que se basó la resolución. Fue una manera de diferenciarse de la belicosidad que solía tener el kirchnerismo.
Pero en la práctica, la administración de Cambiemos lució pasiva frente a la contundencia del rechazo social que provocó el fallo de la Corte. El propio Macri pasó varios días en silencio al respecto. La paradoja es que la dirigencia opositora aprovechó el quedo oficial aun cuando la Ley del 2x1 fue sancionada a instancias del peronismo gobernante en 1994, en su versión menemista.
Uno de los dirigentes que pasó por todos los estadíos del PJ, Miguel Pichetto, impulsó aquella norma cuando era diputado. Ahora, como jefe del bloque de senadores más numeroso, sostuvo en la última sesión que “hay algunos jueces, como el que soltó al violador de Entre Ríos, a los que habría que pegarles una patada”. Las idas y vueltas de política argentina no dejan de sorprender.
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