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CAMBIO CLIMÁTICO

Hace falta cobertura para riesgos agrícolas

Los fenómenos meteorológicos castigan gravemente al sector agropecuario y generan enormes pérdidas económicas.

Un país tan extenso como el nuestro, con climas extremos por la gran influencia que tienen las diferentes corrientes del Pacífico, del Atlántico y los cambios climáticos castigan gravemente al sector agropecuario y a la económica, necesita instrumentar urgentemente políticas para cubrir los riesgos agrícolas, para atenuar las consecuencias económicas y sociales.
Se está convirtiendo en inviable la producción en ciertas zonas y determinada producciones, al no existir seguros agrícolas como hay en otras zonas, especialmente en momento de total falta de rentabilidad como la actual.
La coyuntura limita al Estado atender a los productores en tiempo y forma, por falta de una política oficial para cubrir los riesgos agrícolas.
Pregunto a la dirigencia en general: ¿Por qué el país no tiene políticas anticíclicas? ¿Sensatamente siguen pensando que se pueden atender los efectos actuales de los eventos climáticos con la desactualizada ley de emergencia agropecuaria?
¿Cuál es el motivo de no querer cambiar por lo menos la dirigencia agropecuaria? Opinión como ex dirigente: no hay que esperar que los productores hagan el reclamo por otro tipo de política, la dirigencia tiene la responsabilidad de adelantarse haciendo docencia de las alternativas que existen en el mundo a la ley de emergencia agropecuaria y proponerlas.
Durante todo el 2014 las mismas zonas del país soportaron inundaciones y sequías durante el mismo año y en determinada zonas incendios, granizos-piedras y tornados.
Enero ya mostró la misma tendencia con inundaciones, sequías, granizos, incendios y tornados, motivo por el cual me pareció oportuno insistir con mi propuesta sobre este tema, porque es estratégica para apoyar al productor.
Hace mucho tiempo que vengo lamentando que la Argentina no tenga una política anticíclica para atenuar los riesgos climáticos y comerciales.
La idea central de esta iniciativa, que no practicamos, es que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo.
España, por ejemplo que estableció dicha política de Estado en el Pacto de la Moncloa el año 1978. Hoy también lo tienen Brasil, Colombia y por supuesto Estados Unidos. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
Los fondos se generan en momentos de excedentes con ingresos extraordinarios, como fue la suba de la soja y/o con un mecanismo permanente de recaudación para poder generar una reserva específica, que dispare en forma inmediata y automática los beneficio al productor afectado sin participación alguna de los funcionarios políticos de turno.
Debe ser una gestión manejada por técnicos y no por autoridades partidarias.
Hasta ahora, la Argentina política ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto: (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra; (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores, el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes.
Para que todos lo entiendan: “si hay pérdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios”.
Una política para proteger al productor y a la agroindustria, la más importante y eficiente de la industria de la argentina, debería diseñarse a través de tres instrumentos principales:
1. Ley de Emergencia agropecuaria vinculada a los dos instrumentos siguientes, hasta que sea reemplazada por un sistema superador.
2. Política de seguros privados con incentivos muy agresivos para incentivar un mayor uso que cambie la vocación aseguradora del productor.
3. Creación de un Fondo Permanente por ley para poder atender todos los eventos no previsibles, por lo cual no son asegurables.

Contradicciones

Un país que siembra 33 millones de hectáreas invirtiendo 8.500 millones de pesos para su implantación todos los años, a fin de producir más de 100 millones de toneladas de granos manifiesta las siguientes contradicciones:
(a) que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro; (b) que se sigan vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y (c) muchos productores invierten sin tomar previsión alguna considerando los riesgo de invertir dicho monto en una explotación a cielo abierto.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto.
Ese sistema -público y privado- actúa con éxito como responsable de atender en forma directa los efectos de los riesgos climáticos.
Al bajar el costo de la prima del seguro por medio de diferentes incentivos se concretará un sistema mucho más solidario como es la estrategia de cualquier política de seguros.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.

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