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SEGÚN UN INFORME DE LA CONSULTORA ECONOMÍA Y REGIONES

Fondo sojero: transferencia por más de $15.000 millones en lo que va de 2016

En los primeros ocho meses de este año el gobierno nacional transfirió a las provincias 15.811 millones de pesos en concepto del “Fondo Sojero”.

Los productores se quedaron prácticamente solos. La postergación de la nueva baja de retenciones a la soja (del 30% al 25%) ya es un hecho a pesar de que se trató de una promesa de campaña el año pasado.
Según un informe de la consultora Economía y Regiones, al que accedió este medio, el Gobierno nacional transfirió a las provincias un total de $ 15.811 millones en concepto del Fondo Federal Solidario (más conocido como "Fondo Sojero").
Se trata de un aumento del 27% respecto al año pasado a pesar de que el precio internacional de la soja se mantuvo prácticamente igual (sólo en la primera quincena de septiembre el dinero girado alcanzó los $ 649 millones).
Pero si los recursos se transfirieran en función de la producción de soja 2014/15 de cada provincia –últimos datos oficiales disponibles– entonces Buenos Aires debería recibir 4850 M/$, Córdoba 4609 M/$, Santa Fe 2922 M/$ y Entre Ríos 1070 M/$.
Eso implica que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos transfirieron en lo que va del año regalías sojeras por una suma de 6934 M/$.
La coparticipación actual del Fondo Federal Solidario es –en términos relativos– beneficiosa para las provincias sojeras de Chaco, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y San Luis porque reciben más recursos de los que les corresponderían en caso de aplicar una distribución acorde a la producción de cada jurisdicción.
Las provincias no-sojeras –incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– recibieron en los primeros ocho meses de 2016 regalías sojeras por un total de 5393 M/$.
Los recursos del Fondo Federal Solidario se conforman con el 30% de lo que la Nación recauda en concepto de derechos de exportación de poroto, harina y aceite de soja. El decreto 206/09 dispone que los mismos se coparticipan entre todas las provincias para destinarse a “obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”. 

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