Pedirán a la justicia que investigue el incumplimiento de los deberes de funcionario público

En la mañana de ayer realizaron una extensa reunión que se prolongó por espacio de más de tres horas los concejales integrantes de la comisión de seguridad, analizando las implicaciones por las condiciones de habilitación de un local de calle Belgrano 46, entre Francia y Benito de Miguel. Cerca de las 14 se brindó una conferencia de prensa en el salón azul del Concejo con la partipación de los concejales José Luis Catuzzo (Frente para la Victoria), Luciana Gómez Panizza (UCR), Jorge Meza (MID) y Gustavo Traverso («Hacer por Buenos Aires»).

En la oportunidad, el concejal Jorge Meza explicó que en relación al inmueble de calle Belgrano, se abordaron dos temas diferentes y también se adoptaron dos resoluciones diferentes. La primera inherente a la seguridad del local.

En tal sentido, Meza indicó que «según informó el señor jefe de Habilitaciones, el día 23 de marzo cuando se adopta la resolución de la doctora Gómez Panizza actuando como intendente interina por ausencia de Mario Meoni, no tenía habilitación municipal ni siquiera como restaurante y en el expediente respectivo no consta la existencia de un eventual sotáno que sí surge de una nota enviada por los vecinos».

«Eso motiva -agregó el edil desarrollista- que estando eventualmente implicada la seguridad de quienes concurren al local, la primera resolución de la comisión fue la de solicitar al intendente municipal, que arbitre, de modo urgente, los medios necesarios a través del área correspondiente para constatar o no la existencia de dicho sotáno y si eventualmente el mismo tuviera condiciones que hiciera peligrar o poner en riesgo la integridad física de los concurrentes, se proceda a la clausura inmediata del local, para proteger a los asistentes».

En relación a la posible desobediencia de la orden impartida por la doctora Luciana Gómez Panizza que actuaba como intendente interina, la comisión de Seguridad resolvió pasar las actuaciones al fiscal de turno para que investigue la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este segundo aspecto deberá ser analizado en la sesión de hoy del Concejo Deliberante.

Competencia municipal

La doctora Luciana Gómez Panizza explicó en la conferencia de prensa que «cuando existe la violación de una ordenanza, en este caso falta de habilitación, por el artículo 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidad, el que interviene es el Ejecutivo municipal mientras que el artículo 108 inciso 5 habilita al intendente pedir preventivamente una clausura, por ejemplo, entre otras medidas que puede tomar, cuando se están violando las ordenanzas municipales».

«Cuando interviene Inspección General -siguió explicando la edil radical- por violación a ordenanzas, instruye el intendente o el juez de faltas. Por ende al juez correccional provincial, solamente va por apelación, mientras tanto no es competente».

«¿Cómo podría un juez correccional darle órdenes al Ejecutivo municipal respecto a normas que son exclusivamente municipales como es la violación a las ordenanzas?», se preguntó la concejal.

La elevación a la justicia

Ampliando la explicación sobre la decisión de girar actuaciones a la justicia para que se investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, el doctor Meza manifestó que «el Concejo Deliberante tiene, en el expediente formado, la nota que la doctora Luciana Gómez Panizza le presentó al intendente Meoni cuando éste regresa de viaje y además tiene la nota presentada a esta comisión de Seguridad donde ella narra lo que, de acuerdo a su criterio, sería la comisión de delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Agregó que «como nosotros no somos órgano judicial, en ese caso no podemos afirmar que esto haya ocurrido o no. Es la versión de la doctora, lo cual debe ser investigado y por lo tanto el órgano natural de investigación es la fiscalía. Por eso es que una serie de intercambio de opiniones, se resuelve pasar esto a la fiscalía a los efectos de que la misma instruya el sumario correspondiente y después diga si existe o no delito y eventualmente si existiera, quiénes son los autores del mismo».

Funcionarios a los que se apunta

La doctora Gómez Panizza señaló en la conferencia de prensa que «he pedido sumarios a todos los funcionarios que intervinieron en esta cuestión. Desde el Jefe de Habilitaciones que ya se explayó sobre su actuación en el expediente que se inicia por mí denuncia, pido que también informe su actuación el titular de Inspección General, el subjefe y los encargados que debían notificar».

La concejal explicó que «el día 23 de marzo doy la orden que se notifique a la titular del pedido, que no estaba todavía la habilitación otorgada, para que se abstenga de funcionar y que en caso de hacerlo, se clausure. La notificación fue recibida en Inspección General pero no fue entregada y por ende el local funcionó normalmente y no fue clausurado».

Un procedimiento incorrecto denunciado por Gómez Panizza

«Desde Habilitaciones van las notificaciones (a Inspección General), las recibe o las retira de acá un inspector Vilches a las 15.30, de acuerdo al informe de Silva -jefe de Habilitaciones-, las cédulas de notificación están en Inspección General y el jefe de Inspección General decide no notificar fundado en un decreto del intendente Meoni donde le da facultades al secretario general de la Municipalidad y como no es una orden emanada del juez de faltas, dice el doctor Muñoz Saggese, decide no notificar y hace el paso a Secretaría General», contó Luciana Gómez Panizza.

Para la concejal este no es el procedimiento correcto porque «acá está la orden de un intendente. Yo estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo, debió hacer la notificación».

El doctor Jorge Meza trazó una reseña de lo expresado a la comisión por el jefe de Habilitaciones, Marcelo Silva. En tal sentido señaló que «resumiendo, este local está funcionando de hecho desde octubre de 2005. El día que la doctora Gómez Panizza ordena la intimación y la eventual clausura posterior, no tenía todavía habilitación ni siquiera como restaurante y que en el expediente respectivo figura la existencia del sótano».

La existencia de ese sótano corresponde a un informe estructural que debe ser elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Meza sostuvo que «la habilitación como restaurante ocurrió después de la resolución de la doctora, después del 23 de marzo. Hasta ese momento no estaba habilitado» e inclusive después de esa fecha la propietaria pidió la ampliación de habilitación como resto-bar.

A su vez, la doctora Gómez Panizza aportó que el informe provisorio de bomberos en cuanto a la antisiniestralidad del local, venció el 22 de marzo, habiéndose expedido el 22 de febrero y el 23 de marzo, la concejal había adoptado su resolución.

«No estamos prejuzgando la actividad de nadie -dijo también Meza- pero hay un hecho absolutamente concreto e incontrovertible que es que al 23 de marzo había un local funcionando sin ningún tipo de habilitaciones y eso implica que no se estaban cumpliendo las ordenanzas. Todo lo demás es conjetural y se tiene que investigar, pero en lo que no existe ningún tipo de dudas es que ese local no estaba habilitado».