Ruralistas juninenses pidieron un freno a la “presión impositiva”

Ruralistas nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (Carbap) llevaron a cabo la reunión mensual de Consejo Directivo en Miramar, partido de General Alvarado, donde hubo un tema que acaparó la atención de todos y que tuvo a los representantes de Junín entre los más participativos a la hora del debate: la aplicación de un impuesto complementario por parte del gobierno de Daniel Scioli.
Durante las dos jornadas que duró el plenario hubo reuniones de comisión y las 114 sociedades rurales nucleadas en la entidad agropecuaria deliberaron sobre presión impositiva nacional y provincial y la situación de carne, trigo, leche y otras producciones.
Carbap elevó la semana pasada su queja al ejecutivo bonaerense por la falta de respuestas frente a los reclamos de revisión del impuesto a la multipropiedad, calificado como “inequitativo” por la institución.
 Mediante un comunicado, se indicó que, pasado un mes de la reunión mantenida entre técnicos de la entidad y representantes del Ministerio de Asuntos Agrarios y de Economía, aún no recibieron un llamado para un nuevo encuentro en el que, supuestamente, deberían analizarse cambios en el impuesto a la “multipropiedad”, que grava con un “plus” a aquellas personas que posean más de una vivienda o un campo.
 Justamente estos serán los principales puntos que se están discutiendo con representantes de todas las rurales. En tanto hoy, en las instalaciones del Hotel Van Dyke Resort, se llevarán adelante las reuniones de Comisión a partir de las 10, efectuándose en esta oportunidad una Charla Abierta a los productores de la zona.

“Esto es una persecución”

Rafael Torello, presidente de la Sociedad Rural de Junín, acudió a la reunión acompañado por su antecesor en ese cargo, Rodrigo Esponda. Al final de la tarde, cuando ya habían transcurrido cuatro horas de debate e intercambio con los exponentes de otras regiones, el dirigente se hizo unos minutos para hablar con DEMOCRACIA.
Torello señaló que una de las grandes preocupaciones que embargan a los chacareros es la aplicación del impuesto inmobiliario complementario, que de hacerse efectivo implicaría una erogación extra de miles de pesos para cada uno de los afectados.
“Esto es una persecución al productor, no sé si se trata de un manejo premeditado por el ministro de Producción o de dónde proviene esta agresión permanente”, señaló el titular de la SRJ.
Sobre ese mismo tema, recordó que los integrantes de la mesa agropecuaria provincial ya le plantearon su inquietud a Scioli y éste admitió que no se debe avanzar en los artículos 13 y 14 de la ley por “inequidad”. “Pero lo que ocurre es que él tiene que vetar esos artículos y hasta ahora no hizo nada”, señaló.  
Torello indicó que con el cobro del impuesto a la multipropiedad, un  propietario de Junín que cuenta con tres parcelas separadas de noventa, setenta y treinta hectáreas pasará de abonar 27.000 pesos al año a pagar 49.000.
“Esto es lo más antiprogresista que puede existir, va contra el productor chico. Repercute más sobre el que posee veinte o treinta hectáreas que sobre el que tiene ocho mil”, advirtió.
Ayer también se habló sobre las condiciones para la producción de carnes, cuestiones atinentes a la sanidad ganadera, la inseguridad en los campos y el estado de las rutas, que “son imposibles de transitar”, describió Torello. “Nosotros vinimos desde Junín hasta Miramar en coche y salvo una o dos rutas, la gran mayoría está intransitable. Y estamos hablando de un problema que nos complica a todos, no solamente a los de nuestro sector”, agregó.
La semana pasada, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, pidió nuevamente que el Ministerio de Agricultura accediera a mantener una reunión con los integrantes de las cuatro entidades del agro que componen la Mesa de Enlace.
Para el titular de la SRA, la mayor urgencia en los planteos al Gobierno es la de la pérdida de competitividad del sector originada en “presión impositiva”, intervención en el comercio, precios máximos o sugeridos, “cambios en las reglas de juego” e incluso “prohibición de exportar”.
También la desatención en reclamos como la declaración de Emergencias agropecuarias por sequía e inundaciones ocurridas en el último año. “Este año tenemos el contrasentido de campos que han sufrido una revaluación del mil por ciento y han tenido (también en el año) un metro de agua encima”, ejemplificó, y pidió no gravar la tierra sino el producto.
El presidente de la Rural, confió que a pesar del pedido de “diálogo” formulado al Gobierno desde hace más de un año “no tenemos demasiadas expectativas”. Añadió que “ojalá nos equivoquemos” porque “si hay algo que tenemos los productores es la vocación de producir más y mejor”.