El Gobierno de Javier Milei publicó el miércoles pasado los decretos de reglamentación que desregulan las obras sociales sindicales y que comenzará a regir a partir del viernes próximo, 1 de marzo.
De esta manera, el Poder Ejecutivo avanzó con la desregulación del sector de la salud vinculado a los gremios, uno de los puntos que habían sido contemplados en la ley ómnibus y en el mega DNU, con el objetivo de habilitar la libre elección por parte de los usuarios.
A través del Decreto 171/2024 se implementaron cambios en la normativa de regulación para los afiliados de obras sociales y prepagas. Por otra parte, a través del Decreto 170/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Salud, Mario Russo, se efectivizaron los cambios que contemplaba el DNU 70/2023, en su capítulo referido a la elección de obras sociales y prepagas para trabajadores.
"El derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cuales quiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°", señala el artículo 1° que, según se estima, alcanzará a más de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia -tanto del sector público como privado-, monotributistas y empleadas domésticas, así como a los más de 5 millones de personas que pertenecen al llamado sistema general.
Con la publicación del Decreto 171/2024, la norma permite a todos los afiliados a los organismos que detalla el artículo 1° de la Ley N° 23.660 a elegir con libertad entre los servicios que estos ofrecen y los de las prepagas.
Además de la "libre elección", el decreto modifica el "plazo de permanencia" de un año, que Alberto Fernández había reinstaurado a través del Decreto 438/21, y regía para todo el universo de afiliados.
"El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una Entidad de Medicina Prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma Entidad de Medicina Prepaga", señala el decreto 171.
Desfinanciación
En diálogo con Democracia, Federico Melo, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio Seccional Junín, se refirió a la problemática que se avecina. “Estamos hablando de sistema de salud de las obras sociales sindicales y de las prepagas. Desde que asumió, la intención de este gobierno es desfinanciar a las obras sociales sindicales”, advirtió.
El sindicalista detalló el aporte promedio a la obra social Osecac, del gremio mercantil, que ya venía siendo bajo, teniendo en cuenta lo que costaba la cobertura de la salud.
“Nosotros tenemos tres tipos de beneficiarios: empleados en relación de dependencia, monotributistas y jubilados, siendo el aporte promedio del empleado activo de 50 mil pesos mensuales, con cobertura familiar; en el caso de los monotributistas el aporte es de 6 mil pesos mensuales; y por los jubilados el gobierno nacional nos transfiere 10 mil pesos por jubilado que tenga nuestra obra social”, dijo.
“Cuando decimos un PMO (Plan Médico Obligatorio) por persona para que sea sustentable, como mínimo tendría que haber un ingreso de 50 mil pesos por persona. Este es el promedio para que una obra social de alguna manera pueda ser sustentable”, acotó.
“Esta desregulación que hay en el DNU 70/23, que después con el decreto 170 y 171, del 2024, pone en el mismo nivel a las prepagas y a las obras sociales sindicales. Realmente nos sigue generando un desfasaje grande. Hoy una prepaga en cualquier plan que pueda brindar está por encima de los 200 mil pesos de aporte y, dicen, que no les alcanza. A las obras sindicales, mucho menos les alcanza con los aportes que recibe”, apuntó.
Para Melo, lo que pasará es que probablemente la mayoría de los trabajadores que tienen prepaga se pasarán a las obras sociales sindicales, por lo cual tendrán mayor cantidad de beneficiarios, mayor demanda de prestaciones de salud y eso les puede significar un colapso financiero en ese sentido. Por otra parte, puede que las prepagas se queden con los aportes que signifiquen salarios más altos o con la población que pueda pagar ese monto, y tengan menos demanda de prestación.
A la pregunta cómo afectaría esta situación al SEC Junín, Melo anticipó que la conducción nacional del gremio mercantil estaba evaluando “la letra chica de toda la reglamentación de los decretos” y que pronto habrá una reunión de directorio de la obra social nacional. Cabe mencionar que Junín tiene una delegación de la misma.
Destacó que el SEC siempre trató de ayudar poniendo a disposición sus consultorios y muchas prestaciones para que el empleado de comercio de alguna manera en Junín pudiera atenderse en sus consultorios, y no consultorios particulares que suelen cobrar copago.
“Si este decreto se pone en práctica, a largo plazo, lo que puede pasar es que crezca la masa de beneficiarios, que hoy en día es de 21 mil de Osecac en Junín”, apuntó.
El dirigente también hizo hincapié en un punto crucial: “Este gobierno desde que asumió no mandó a un solo peso (ni en diciembre ni en enero), del Fondo de Distribución (que son aportes de los trabajadores) a las obras sociales sindicales para afrontar gastos de remedios y tratamientos de alto costo. Esto también nos trae desfinanciación y mucha preocupación”, señaló.
“Atenta contra el sistema solidario de salud”
Por su parte, Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Junín, manifestó que los decretos de Milei pretendían atentar contra el sistema solidario de salud más que nada, porque las obras sociales sindicales eran un sistema solidario.
“Todos los trabajadores aportan un porcentaje de su sueldo para la obra social, sea un empleado que recién inicia o un trabajador con antigüedad, cargo o categoría. No importa que sea soltero, tenga dos hijos, tres hijos, todos los aportes van al mismo fondo y se atienden a todos, tengan 20 años de edad o 60”, dijo.
“Lo que va a hacer el gobierno nacional con este sistema ahora, es que vayan a prepagas quienes tengan sueldos mayores, que además van a tener que pagar una cobertura extra y en este caso van a depender específicamente de cuantos son para la cobertura, cuántos años tienen, etc. ya que se incrementan los valores que uno tiene que aportar de acuerdo a eso”, explicó.
“Las prepagas tienen que cubrir el Programa Médico Obligatorio pero vamos a ver si aportan a los compañeros que tengan ya alguna enfermedad preexistente. No creo que los quieran atender, y si tienen bajos salarios, lo mismo. Te pueden aceptar o no, y si te aceptan te van a pedir un aporte extraordinario de tal magnitud que va a ser imposible que uno lo pueda pagar”, advirtió.
“Se profundizará la diferencia en la atención entre la gente pudiente y los empleados. Este es un negocio para las prepagas, como todo negocio que este gobierno intenta hacer”, concluyó.
“Nos fundimos”
Al ser consultado por Democracia, Andrés Mansilla, secretario general del Sindicato Argentino de Televisión Seccional Junín, adelantó que las obras sociales van a tener un grave problema con la desregulación propuesta.
“Hoy ya hay armado un sistema de salud, como lo tienen todos los gremios, según el ingreso que haya por actividad, sacando el PMO que es lo mínimo e indispensable que se tiene que brindar por ley. La mayoría de las obras sociales sindicales estamos arriba de lo que es el PMO, es decir la cobertura es mayor al Programa Médico Obligatorio, pero siempre según la entrada de plata que tenga cada gremio”, reiteró.
“Pero si un gremio tiene en su actividad un trabajador que aporta 20 mil pesos mensuales, que es la cápita, pero luego aparece gente que le aporta 7 mil porque tiene un poder adquisitivo menor a la actividad, se empieza a tener un desfasaje tan grande que lo va a fundir al sistema”, advirtió.
Mansilla hizo referencia a un problema actual, que ya tienen como es el tema de los gastos en salud, que se torna incontrolable. “Los círculos médicos, las federaciones de bioquímicos y demás están planteando dar de baja el convenio existente por otro con un nuevo valor, porque todo aumenta”, dijo.
“Actualmente el mismo gremio tiene compañeros que estaban en una obra social privada y que ahora están volviendo a la nuestra, a la de origen, porque no pueden pagar una prepaga; y si a eso se le suma gente de otras actividades con sueldos más bajos y, por lo tanto, con aportes menores a la obra social nuestra, nos fundimos”, afirmó Mansilla.
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