Aquellos que estudian desde hace años el uso del cannabis medicinal coinciden en que éste no es igual al uso médico que después se le puede dar a una planta de cannabis.
No obstante, en una encuesta realizada por la Provincia, la mayoría de las personas no cree que sea suficiente la norma que regula la producción industrial del cannabis con fines sanitarios y reclama que se legalice el autocultivo para que las familias -con alguien enfermo- puedan producirlo.
El informe presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, buscó conocer la opinión de los bonaerenses sobre el uso de cannabis para así también dimensionar el conocimiento sobre el tema y resultó que para la mayoría, un 98%, según el trabajo, es prioritario legalizar el autocultivo. También piden mayor capacitación para los profesionales médicos.
La encuesta
La encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires, de la que participaron voluntariamente 5.454 personas, precisa que el 51,1% aseguró consumir o haber consumido cannabis con fines medicinales, y el 87,4% indicó conocer a alguien que lo haya hecho. Además, el 99,8% se manifestó a favor de esta práctica.
Por otro lado, apunta el trabajo, si bien la mayoría expresó que no es necesario que el Estado ofrezca mayor información sobre la temática, el 99,4% sí consideró central que se capacite a los médicos sobre esta temática.
“La prioridad es que se garantice el derecho a la salud y, en estos casos, que los pacientes y sus familias puedan vivir dignamente –apuntan los responsables de la encuesta-. Los beneficios del cannabis medicinal están probados y es necesario que el Estado elimine todo tipo de obstáculo para que el acceso a estos productos se realice sin inconvenientes”.
Reglamentación
Consultado el comisario Ariel Gallinotti, titular de la Jefatura Departamental aseguró que la obligación de la policía “es investigar y luego según los casos particulares, decide la justicia. Ello escapa a la policía”.
Y agregó: “En todo caso son los legisladores quienes tienen que rever esto. El policía tiene que hacer cumplir la ley. Uno secuestra y la justicia decide”.
El gobierno nacional reglamentó en marzo pasado las condiciones para la producción, difusión, manejo y acondicionamiento en invernáculos para el cultivo de cannabis destinado a aceite medicinal, y que incluyen solicitar autorización al Instituto Nacional de Semillas (Inase), controles de ese organismo de todos los ciclos del cultivo y asignar a un técnico responsable.
La resolución oficial número 59/2019 reglamenta así lo aprobado por la ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, promulgada el 29 de marzo de 2017.
En la normativa se estableció que “no se podrá realizar ninguna actividad de producción, difusión, manejo, acondicionamiento e importación de Cannabis sp sin la previa autorización del Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo”.
La ley 27.350 establece los lineamientos normativos a los que deberán ajustarse las actividades que involucren la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados en la Argentina.
El artículo 6 de esa reglamentación autorizó el cultivo de cannabis con fines médicos, científicos y de la investigación, así como para elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa.
El Decreto 738, del 21 de septiembre de 2017, aprobó a su vez la reglamentación de dicha ley para poner en ejecución el funcionamiento del “Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”.
Permiso de autocultivo “urgente”
A pesar del avance legal, muchos lo consideran insuficiente.
“El autocultivo, en algún punto, viene a ser un proceso de salvataje en el mientras tanto. Nosotros, desde Cameda consideramos que hay una realidad social construida, pero debemos ir hacia una seguridad en lo que se recibe con calidad. Por eso pedimos un Estado presente con productos de calidad y seguridad”, explicó a Democracia la presidenta de la asociación civil Cannabis Medicinal Argentina (Cameda), Ana García Nicora.
“No sabés lo que estás recibiendo, ya que no tiene estudios bacteriológicos, microbiológicos y de metales pesados. Y además se pueden generar hongos que producen toxinas que a su vez generan cáncer”, alertó.
Como indica la legislación, el aceite solo puede ser usado para el tratamiento de epilepsia refractaria. “Ese fue otro de los puntos que nosotros debatimos, ya que pedimos la ampliación a otras patologías y también lo dialogamos en el Anmat”, afirmó.
“La disposición está, pero lo cierto es que se habla por las acciones y todavía eso no está sucediendo. Y la realidad es que no solo los pacientes lo piden, sino que hay médicos que también lo solicitan para sus pacientes. Por lo que la necesidad es aún mayor”, remarcó.
Para Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva (una ONG que impulsa el uso de esa sustancia para tratar enfermedades o aliviar algunos de sus síntomas), la nueva ley “está orientada a la producción industrial”, cuando en realidad “es mucho más urgente implementar el permiso para que cultiven las familias”.
La intención, se explica, es que se permita el autocultivo para facilitar así el acceso de derivados de cannabis sativa a quienes los necesitan para tratar el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, autismo y epilepsia refractaria, entre otras afecciones.
Una “medicación”
En la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Trenque Lauquen consideró al cannabis como una medicación y no una droga ilegal; incluso habilitó la excarcelación de un vendedor del aceite medicinal, en un fallo que puede sentar precedente.
Los jueces Guillermo Francisco Glizt, Rafael Héctor Paita y Jorge Juan Manuel Gini, de Trenque Lauquen, atenuaron la calificación legal contra el vendedor por entender que no vendía estupefacientes al narcomenudeo en estado licuoso, como sostenía la jueza de Garantías Alicia Cardosi, sino que comercializaba medicina aunque sin autorización.
Con la acusación de origen, podía caberle entre 4 y 15 años de prisión, como cualquier "transa" dedicado al narcomenudeo. Sin embargo, la figura que encuadró la Cámara prevé entre 6 meses y 3 años de cárcel y, como no tiene antecedentes, lo dejaron en libertad, aunque bajo proceso.
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