Michel Temer se salvó otra vez. En una sesión de ánimos caldeados, en la que hubo gritos, protestas y acusaciones de compra de apoyos, la Cámara de Diputados de Brasil rechazó anoche la denuncia por corrupción contra el presidente por el escándalo de sobornos del frigorífico JBS, que amenazaba con sacarlo del poder. Era necesario un respaldo de dos tercios de los diputados -342 de un total de 513- para que la denuncia presentada el mes pasado por la Procuraduría General de la República fuera aprobada, Temer fuese apartado de su cargo por hasta 180 días y juzgado por el Supremo Tribunal Federal.
Pero la suma de los votos en contra de la demanda (263), las abstenciones (2) y las ausencias (19) superaron a los 227 que votó autorizar la investigación, lo que hizo imposible que los defensores de la denuncia alcanzaran el umbral clave para sacar del Palacio del Planalto al político del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb). Para el presidente, que tiene apenas un 5% de popularidad, y se convirtió en el primer jefe del Estado brasileño en ser procesado por corrupción en el ejercicio de su mandato, fue una demostración de fuerza política en medio del enfrentamiento con la Justicia y ante las crecientes críticas de la sociedad. Se trató de la segunda prueba de fuego que este año sorteó el mandatario, luego de que en junio el Tribunal Superior Electoral rechazó, por apenas un voto, una demanda por financiamiento ilegal de la campaña Dilma Rousseff-Michel Temer de 2014.
Ahora quedó en evidencia que el apoyo parlamentario del que aún goza Temer es hoy es la principal razón de su supervivencia. Un beneficio con el que no contó el año pasado la presidenta Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), destituida a través de un polémico proceso de impeachment que permitió que Temer, entonces vicepresidente, accediera al comando del Palacio del Planalto.
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