La diputada nacional Marcela Campagnoli, conjuntamente con el apoyo técnico de los abogados bragadenses Carla Bruno y Federico Scuticchio, presentó un proyecto de ley para trasladar el Programa Nacional de Testigos Protegidos a la órbita del Poder Judicial.
De este modo será dirigido por uno de los jueces de esa Cámara designado por mayoría simple de los jueces miembros, cuyo mandato será de 2 años. “Con el fin de lograr una efectiva protección a toda persona que, en el marco de un proceso penal, se encuentre bajo el programa de testigos protegidos, y teniendo en cuenta que en la actualidad muchos de ellos han declarado en contra de ex funcionarios vinculados al partido político que ha ganado las recientes elecciones, es que resulta necesario que el programa esté llevado adelante por un órgano independiente e imparcial, como el Poder Judicial, pero especializado en cuestiones de índole criminal”, argumenta Campagnoli en los fundamentos de la iniciativa.
El proyecto de la legisladora de la CC ARI estipula que se transfieran las competencias y funciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que hoy se encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia, a la Cámara Federal de Casación Penal, con todos sus recursos, y bienes para su normal funcionamiento. En el caso del personal, se requerirá previamente, su conformidad.
“Se busca, principalmente, proteger a aquellas personas que estén en este momento bajo el programa en forma efectiva, ya que en muchos casos se trata de personas que han optado por beneficios penales como los que prevé la ley arrepentido”, explica el proyecto.
"Para lograr una efectiva protección de quienes se encuentren bajo este programa, éste debe funcionar con el control de un órgano independiente e imparcial, como es el ámbito judicial", argumenta.
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