Con información que llegaba desde Nación, el vidalismo trasmitía ayer cierto alivio respecto a la eventual aplicación en la Provincia de la ley que podría legalizar el aborto. A la gobernadora María Eugenia Vidal le acercaron números casi definitivos que aseguran que el próximo 8 de agosto el Senado votaría en contra de la norma, que tiene media sanción de Diputados. La diferencia, según esos papers reservados, sería muy acotada: sólo un par de voluntades. Si es rechazado el trascendente debate vería su fin, al menos hasta el año que viene y si es que hay voluntad política de reintentarlo. Difícil
Hace un par de días, la gobernadora había dejado trascender su preocupación por las dificultades que podría afrontar el sistema de salud bonaerense a la hora de tener que respetar la letra de ley de despenalización de la interrupción del embarazo.
Básicamente, en el gobierno de la Provincia entienden que, aún sin datos precisos, existe una gran cantidad de médicos con objeciones de conciencia sobre el aborto legal, un punto que es compartido por muchos sanatorios privados que vienen pidiendo que se respete su libertad para no realizar la práctica abortiva. Esto generaría, se especula, una sobre demanda en los castigados hospitales públicos bonaerenses un obligatorio aumento en sus gastos.
Aquella preocupación expresada ante miembros de su gabinete y deslizada a la prensa tuvo ciertas lecturas dentro del oficialismo. Algunos lo leyeron como un nuevo gesto hacia el Vaticano, claramente enfrentado al gobierno nacional por el tema del aborto.
Sería, por cierto, otra señal de diferenciación de la Casa Rosada para que sea leída por Francisco en Roma.
De ser así, se sumaría a aquella comentada foto de la gobernadora con un pañuelo celeste, el color elegido por los que rechazan la legalización del aborto.
Y claro, a su propia postura personal, que es contraria a la despenalización.
Cada vez que puede, además, Vidal se encarga de resaltar que su ministro de Salud, Andrés Scarsi, comparte su forma de pensar. No es un dato menor, por dos motivos. Uno: su par nacional, Adolfo Rubinstein, es un público defensor de la ley que se está debatiendo y resultó la voz más encumbrada del gabinete nacional en exponer esa postura. Dos: la gobernadora tuvo anteriormente una ministra del área que estaba a favor del aborto. Se llama Zulma Ortiz y una de las razones de su salida, más allá de que nunca será reconocido oficialmente, es que durante su gestión la Provincia adhirió al protocolo nacional de aborto no punible, lo que le generó a Vidal sonoros ruidos en su propia tropa y con la Iglesia argentina.
En verdad, para el vidalismo el desenlace ideal de este tema sería que el proyecto nunca se convierta en ley. Por lo dicho, la incertidumbre sobre su aplicación práctica en la Provincia, y porque básicamente es una cuestión que los incomoda. Fuera de micrófono, muchas fuentes del gobierno provincial son críticas respecto a los beneficios reales que tuvo para
Cambiemos la habilitación del debate que dispuso la Casa Rosada.
Aportes polémicos
El otro tema que sigue incomodando es la investigación judicial por los aportantes truchos de la campaña del oficialismo. No es lo que se dice oficialmente, claro. La versión que transmiten las fuentes es que “no es una cuestión de la que esté hablando la gente común”. Explican que en el último timbreo realizado el sábado, por ejemplo, los reclamos de los vecinos pasaron más por la realidad económica que por la financiación de la política. Empiezan a escucharse, sin embargo, algunas voces autocríticas respecto a cómo se manejó el escándalo.
Es verdad que Vidal reaccionó desplazando preventivamente a la contadora provincial María Fernanda Inza, su amiga, quien había sido la responsable contable de las campañas. También, que ordenó una auditoría para auscultar los números y detectar irregularidades. Pero acaso el gesto debió ser más contundente, tal vez encargando la investigación interna a un equipo un poco más “independiente”. Es que los hombres encargados de hacer la auditoría si no responden a ella lo hacen a Macri. Son el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; y el asesor general de Gobierno provincial, Patricio Blanco Ilari.
La evaluación de la dimensión que podría tener el escándalo, se admite en La Plata, acaso haya sido el primer resbalón. Es que los hombres de Vidal parecen haber cometido un error de diagnóstico. Estimaron que la información tenía “un defecto de origen” porque fue lanzada por un sitio web de un periodista identificado con el kirchnerismo, Roberto Navarro, y que por eso no sería tan dañina. Pero en verdad, más allá de la ideología del dueño, la investigación del colega Juan Amorín resultó respaldada por documentos y fuentes reales.
Ahora se trata de hacer control de daños, mientras que los procesos judiciales que se abrieron recayeron en Ernesto Kreplak y Sebastián Casanello, dos jueces federales muy alejados del oficialismo.
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