Ofrecen pruebas de un pacto entre la Justicia y la política

El caso llegó al Tribunal Internacional de La Haya, a partir de un reclamo por el pago de una indemnización por la usurpación de una empresa familiar.
Luego de 29 años de reclamo, una deuda reconocida en 30 millones de pesos y nueve pedidos de enjuiciamiento al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szelagowski, el denunciante, Daniel Paskvan, asegura que su pedido de juicio político “no es tratado por acuerdos y pactos políticos”.
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, denunció públicamente la situación. “El problema de la designación de los fiscales que tienen que investigar al poder político es terrible. En la Provincia conozco un solo político que está investigado e integra el Consejo de la Magistratura y tiene voz política para poner jueces y fiscales”, dijo el magistrado, en referencia al actual diputado provincial, Raúl Pérez, acusado de enriquecimiento ilícito. Pero Pérez fue sobreseído en la causa luego de un derrotero judicial en el que ni siquiera tuvo que prestar declaración.
Ahora, Paskvan se suma a la denuncia de Arias y ofrece su causa como prueba de la falta de investigación por parte de la Justicia a los funcionarios provinciales. En su presentación ante el órgano judicial de las Naciones Unidas, el empresario aclara que la falta de investigación contra Szelagowski “es un caso sin precedentes, donde el poder absoluto conferido al fiscal de Estado provincial, sin que se ejerza su organismo de control natural, produce el quebranto constitucional”.

Trabas

El motivo de la denuncia de Paskvan contra Szelagowski es la obstaculización del pago de la indemnización por la usurpación de la empresa familiar. Ese resarcimiento surge a partir de que en 1980, la empresa de producción de alimentos balanceados y venta de huevos para consumo San Roque (ubicada en el partido de Lobos), de propiedad del padre del denunciante, Dalmacio Paskvan, fue usurpada y vaciada en manos de un grupo de tareas de la última dictadura militar que padeció nuestro país.
Según la presentación de Paskvan en La Haya, “aún con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el 18 de junio de 2003, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de marzo de 2004, el fiscal de Estado continuó con todo tipo de arbitrariedades y denegación contra de Justicia para nuestro caso”.

Constitución

La fiscalía de Estado es uno de los llamados “organismos de la Constitución” que en la estructura organizativa gubernamental de la Provincia tiene la responsabilidad de ejercer el control previo sobre todos los actos de la administración pública bonaerense que involucren erogaciones de dinero (compras, licitaciones, adjudicaciones de obras y servicios, etc.).
El cargo es vitalicio y Szelagowski lo ocupa desde 1987. Al ser un cargo personal sólo puede ser investigado mediante un pedido de juicio político.
En relación a otro pedido de juicio político a Szelagowski, el jefe de Gabinete de la administración de Daniel Scioli, Alberto Pérez, dijo en declaraciones periodísticas que “lo primero que evaluamos es respetar una de las instituciones que está establecida por Constitución y que es nada más ni nada menos que la fiscalía de Estado de la Provincia. Por otro lado, tenemos entendido que es una persona de prestigio que está hace más de 20 años al frente de la fiscalía y no tenemos conocimiento de que en los últimos tiempos, meses, o semanas haya pasado algo que revierta esta opinión generalizada”.