Suspenden a 154 comisarios

El Ministerio de Seguridad dispuso sanciones para 154 policías que estaban obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes pero no lo hicieron. Según confirmaron fuentes oficiales, estos uniformados ya fueron suspendidos por cinco días, lo que implica descuentos salariales.
Como parte de las medidas que se habían anunciado para el caso de que los uniformados no cumplieran con la exigencia establecida por el gobierno de María Eugenia Vidal, la cartera que conduce Cristian Ritondo denunció estos casos antes la Unidad de Investigaciones Fiscales (UFI) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en busca de determinar si estos agentes están involucrados en algún delito.

Exigencia
La Provincia dispuso que cerca de 6.500 efectivos con grado de subcomisario hacia arriba estuvieran alcanzados por el decreto que estableció que diversos funcionarios debieran presentar ante la Escribanía de Gobierno sus declaraciones juradas de bienes.
Al vencimiento del plazo legal para completar el trámite, habían quedado sin hacer la presentación unos 390 policías por lo que Seguridad resolvió prorrogar el plazo por otros 30 días. Cumplida esa extensión, finalmente fueron 154 los uniformados que no se adecuaron a la exigencia legal.
Por lo tanto, fueron sancionados con suspensiones de 5 días y se los denunció ante organismos nacionales para que investiguen si incurrieron en algún delito.
La cúpula
En los últimos días se conocieron detalles de las declaraciones juradas que realizaron los integrantes de la cúpula de la fuerza.
El de mayor patrimonio es el comisario general Néstor Omar Martín, el jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa. Declaró siete propiedades en La Plata, dos millones de pesos en ahorros y hasta un helicóptero experimental
También indicó que percibe un salario como policía de 48 mil pesos y que tiene ingresos mensuales por monotributo por 30 mil.
Bajo su firma se reparten los dineros de las Cores (horas extras) y adicionales (Polad).
En tanto, el jefe de la Policía Pablo Bressi, a quien la diputada Elisa Carrió acusa de haber tenido un vínculo con el narcotráfico, declaró una vivienda en Ramos Mejía por 62.647 pesos, un 50 por ciento de otra en esa misma localidad valuada en 80 mil pesos, además de un cuatriciclo de 100 mil pesos, un plazo fijo de 270 mil y ahorros en dólares por 20 mil.
Quien menos patrimonio declaró poseer fue el comisario general Eduardo Quintela, a cargo de la Superintendencia de Seguridad de la Región Interior Sur. En su declaración jurada anotó bienes por 184.124 pesos.
Al igual que Martín, Jorge Oscar Figini, superintendente de Institutos de Formación Policial, también declaró un patrimonio elevado. Cuenta con cinco propiedades (algunas de ellas sólo un porcentaje), 50 mil pesos y 24 mil dólares.