La férrea resistencia y rechazo de la Vicepresidenta a la nueva composición del Consejo de la Magistratura, tal como lo resolvió la Corte Suprema a través de un fallo que ordena volver a la integración original de consejeros (20), genera un severo conflicto entre poderes y profundiza la pelea con la oposición. El oficialismo, así, se refugia y ataca ahora desde el Congreso con un freno a los nombramientos de los representantes legislativos, cuestionando el criterio de selección.
Por eso, el interbloque de Juntos por el Cambio exigió ayer a Cristina Kirchner y a Sergio Massa que como titulares de ambas cámaras que no demoren más la designación como representantes de las segundas minorías parlamentarias en la Magistratura de la diputada Roxana Reyes (UCR) y del senador Luis Juez (PRO), so pena de ser denunciados penalmente.
Pese a la dura advertencia opositora, anoche el bloque del Frente de Todos de la Cámara baja le pidió a Massa -que queda en la vía del medio entre el kirchnerismo y la oposición en cuanto a una decisión sobre los planteos- que se “abstenga de avanzar en las nuevas designaciones” -en este caso, de la diputada Reyes- hasta tanto “no quede absolutamente claro” el criterio para definir “a la segunda minoría” de dicho cuerpo. Desde la otra vereda ven otra maniobra del Frente de Todos para impedir que asumen los legisladores al Consejo - o al menos pelear un lugar-, lo mismo que intentó con un polémico fallo el juez de Paraná, Daniel Alonso, que la Corte rechazó por “notoria ignorancia” del Derecho.
Al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -impulsada por la encontes senadora Cristina Kirchner-, la Corte argumentó que su conformación “no respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos” políticos y técnicos. Y por eso ordenó ampliar el Consejo de 13 a 20 miembros, buscando más peso en las decisiones a los demás integrantes (jueces, abogados, académicos) sobre el poder político (legisladores y un representante del Ejecutivo).
“Embarrar la cancha”
Para la oposición, se trata de un nuevo intento del kirchnerismo por “embarrar la cancha”, que impacta “en las instituciones, la división de poderes y el cumplimiento de la propia Constitución” .
En este contexto, el kirchnerismo viene denunciando una “ilegal” intromisión de la Corte en la Magistratura. En verdad, el máximo tribunal hizo cumplir un propio fallo de fines de 2021 que declaró inconstitucional la entonces composición del organismo que elige y sanciona a los jueces y ordenó al Parlamento que en 90 días sancionara una norma que armonizara la integración de dicha institución; en caso contrario, volvería a tener 20 representantes y al titular de la Corte como presidente, tal como lo estipulaba la ley original. Y como finalmente no hubo acuerdo en el Congreso en los plazos previstos, el pasado lunes el cortesano Horacio Rosatti asumió como nuevo presidente del organismo.
Rosatti, que convocó para hoy una reunión a jueces federales en su doble rol de presidente de la Corte y de la Magistratura, fue designado en el máximo tribunal por el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, llegó a la intendencia de la capital santafesina por el peronismo y fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
La disputa legislativa
La ley de 1997 asignaba cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Por eso aún resta designar a un legislador por la segunda minoría en cada una. La UCR y el PRO ya presentaron formalmente a sus representantes pero tanto Cristina como Massa se niegan a oficializarlos. En verdad, desde el lunes, cuando comenzó a escalar el conflicto, el kirchnerismo viene acusando al titular de la Corte de “asaltar al Consejo de la Magistratura” dando un golpe institucional a uno de los poderes de la Nación.
En la Casa Rosada, mientras, optaron por no entrometerse públicamente en este conflicto entre poderes. Por lo bajo, sí han cuestionado la resolución del máximo tribunal que declaró inconstitucional la anterior composición de la Magistratura y puso un exiguo plazo para actualizar su integración. “No nos gusta la situación pero el tema está ahora en el Parlamento”, fue el lacónico comentario de un alto funcionario que transitaba en la víspera por el Patio de las Palmeras. Otras fuentes del Ejecutivo consultadas justificaron el silencio oficial al respecto pero, además, reconocieron haber sufrido presiones del kirchnerismo para que Alberto Fernández anulara vía DNU la supuesta intromisión de la Corte. “Eso no va. Era convalidar un error con otro error”, explicaron.
Lo cierto es que ante esta situación la oposición salió ayer a respaldar la actuación de Rossatti y a exigir al oficialismo completar la integración del organismo para garantizar su pleno funcionamiento.
Bien temprano Elisa Carrió y sus diputados de la Coalición Cívica enviaron una carta dirigida a Cristina y a Massa en que la plantean que “cualquier otra decisión” que no sea avanzar con los nombramientos, representa “un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional”.
Por la tarde, fueron todos los diputados y senadores de Juntos por el Cambio quienes presionaron a las autoridades de ambas cámaras ser pasibles de denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y sedición si llegaran a alzarse contra el fallo y las resoluciones del máximo tribunal, esto es, negarse a enviar las nominaciones de los consejeros parlamentarios por la oposición.
“Hace pocos minutos, tanto en Diputados como en el Senado, volvimos a pedir por nota a Sergio Massa y a Cristina Kirchner que de forma inmediata y sin dilaciones procedan a las designaciones de la diputada Reyes y del senador Juez. Cualquier otra conducta puede llevar a un camino de gravedad institucional que le hará muy mal al país”, dijo Mario Negri, titular del bloque de diputados de la UCR. “Son dos designaciones las que faltan, las que corresponden al Congreso y han hecho de todo para embarrar la cancha. Desde 1997 a 2006 funcionó el Consejo con 20 miembros y la presidencia de la Corte Suprema y no hubo ningún tipo de inconvenientes. Hoy hablan de golpe institucional pero la hoy Vicepresidenta en 1997 dijo que la ley era ejemplar”, recordó el legislador cordobés.
En la Casa Rosada, mientras, optaron por no entrometerse públicamente en este conflicto
El titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, llamó “a la reflexión a las autoridades del Senado y de Diputados para que retomen el camino de la racionalidad y de la legalidad”. Y agregó: “tienen que acatar el fallo de la Corte Suprema. La Constitución está para ser cumplida, no para que sea interpretada según la conveniencia política del gobierno de turno”.
Por su parte, el senador Juez advirtió que “no venimos a mendigar nada, le pedimos a la presidenta del Senado que cumpla con la ley y que, si esto no lo hace, en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
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