No son pocos los españoles que se preguntan para qué sirve la monarquía. Sostienen que es antigua, que es cara y que poco y nada aporta. Sin embargo, parece indispensable en aquellos países donde la unidad nacional se presenta como quimérica dado el predominio de algunos regionalismos.
Sí, en Dinamarca, en Suecia o en Noruega o en Japón, la razón de ser de las monarquías debe buscarse en la tradición. Dinamarca no cuenta con ninguna minoría étnica. Su población es toda danesa exceptuada, claro, la inmigración relativamente reciente. En Noruega o en Suecia, la única minoría nacional –no inmigrante- es la Sami más conocida como Lapona.
En España, con múltiples regionalismos pero con dos que aspiran a una identidad nacional plena, con independencia incluida. Se trata de los Catalá (catalanes) con 3,8 millones de personas que no se reconocen españoles –aproximadamente la mitad de la población de la región- y los Euskaldun (vascos), con 2,5 millones de individuos.
Pues bien, tanto en Bélgica como en el Reino Unido como en España, la corona aspira a personificar la unidad nacional frente a las tendencias centrípetas de los regionalismos. En los tres países, no es la tradición la que cuenta sino la reacción frente al separatismo.
En España, el avance del separatismo es desigual según se trate de catalanes o de vascos. Los partidos independentistas catalanes buscan una separación pacífica a través de la convocatoria a elecciones de autodeterminación, hasta ahora no reconocidas por el gobierno español.
Catalunya
Tras la derrota y el final de las operaciones militares de la ETA vasca, la intensidad del independentismo disminuyó en el Euzkadi casi proporcionalmente a como aumentó en Catalunya.
La última batalla se libró en el Parlamento Europeo. Allí, el ex presidente de la Generalitat –gobierno- catalán (2016-2017) y eurodiputado Carles Puigdemont (58 años) perdió su inmunidad junto a otros dos eurodiputados, sus exministros Toni Comin y Clara Ponsati.
Si bien se produjeron excepciones, conservadores, socialistas, socialdemócratas y liberales del Parlamento Europeo votaron por la pérdida de la inmunidad. Verdes e izquierdistas radicales votaron contra, con el argumento de la imposibilidad de ordenar la cuestión catalana por vía judicial.
Dentro de la propia España, el voto de los populistas de Podemos en el Parlamento europeo, el partido socio del gobierno socialdemócrata, a favor de la continuidad de la inmunidad de los cuestionados levantó particular polvareda. Es que la interpretación del voto es la de un partido de gobierno que pone en riesgo la unidad española. No es poca cosa.
Los antecedentes inmediatos del caso parten de la convocatoria y realización de un referéndum sobre la independencia llevado a cabo el 1 de octubre de 2017. Previamente, el 07 de setiembre, su convocatoria por las autoridades catalanas fue considerada ilegal por el Tribunal Constitucional español.
No obstante, la elección se llevó a cabo bajo un marco legal que establecía que en caso de un triunfo del sí, la independencia será declarada tan solo dos días después de la publicación oficial de los resultados.
La votación resultó altamente favorable al independentismo que obtuvo el 90,18 por ciento de los sufragios emitidos. Pero los sufragios emitidos solo alcanzaron el 43,03 por ciento del padrón. El 56,97 por ciento no votó.
Tales circunstancias, además de la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional, relativizan por completo el triunfo del sí, al que manifiestamente apoyan solo el 39 por ciento de los votantes, si se contabilizan los votos por el sí sobre el total de ciudadanos en condiciones de votar.
De su lado, el gobierno español, finalmente, intervino la región autonómica y convocó a elecciones que ganó el partido de orientación liberal Ciudadanos aunque la suma de legisladores de partidos catalanistas determinó la constitución de un nuevo gobierno de corte independentista.
Euzkadi
Completamente diferente es la situación en el País Vasco. Desde la democratización de España, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, las tres provincias vascongadas –Aláva, Guipúzcoa y Vizcaya- son gobernadas, con una excepción de tres años (2009-2012), por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Fundado en 1895, el PNV cuenta además con una ramificación nacional en Navarra y otra en las provincias vascas de Francia. Su ideología reconoce raíces nacionalistas y demócratas cristianas. La mayoría de sus votantes se autodefinen como de centro en el espectro político.
El PNV reivindica la idea independentista pero proclama desde siempre su apego a la voluntad popular emitida a través de elecciones libres y su rechazo a “cualquier forma de violencia”. Dado que, en su historia moderna, el PNV nunca alcanzó una mayoría de votantes, pese a ganar las elecciones, es que su demanda independentista resulta siempre postergada. En la última elección, en 2020, obtuvo el 39,12 por ciento de los votos emitidos y consagró 31 diputados al Parlamento de Euzkadi sobre un total de 75.
La actitud del PNV contrasta con la de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), fundada en 1958 y disuelta en el 2018.
Para la ETA, el pensamiento independentista, albertzale –nacionalista-, socialista y revolucionario debía ser puesto en práctica mediante la lucha armada, entendiendo como tal un accionar delincuencial que incluía, además de asesinatos contra civiles, secuestros y extorsiones.
Si bien surgió como organización enemiga del franquismo, el 95 por ciento de sus asesinatos fueron cometidos durante el período democrático de gobierno en España. Sus pretensiones excedían las tres provincias vascas y alcanzaban a Navarra y a la Baja Navarra, Labort y Sola en Francia.
Desde la política, ETA participó en las contiendas electorales a través de varias organizaciones vinculadas. La principal de ellas, fue Herri Batasuna, brazo político de ETA, disuelta en el 2003 por sentencia del Tribunal Supremo español.
Al igual que Catalunya, Euzkadi es hoy una comunidad autónoma de España con lengua propia que exhibe una de las economías más dinámicas del país. Su índice de desarrollo humano y su ingreso per cápita encabezan los respectivos ordenamientos del Reino.
El Reino
No son pocos quienes opinan que frente a las tendencias centrípetas que muestra España, la corona representa un escollo y un freno que pretende garantizar la cuestionada unidad del país. Claro que para que ello pueda verificarse es requisito “sine qua non” una conducta intachable de parte de quien ejerce el rol de monarca, constitucional, pero monarca al fin.
Nada resulta reprochable al actual rey Felipe, pero sí a su padre: el exrey Juan Carlos de España debe afrontar acusaciones e investigaciones por corrupción. Quien fue un ejemplo y un elemento clave para el afianzamiento y la continuidad de la democracia española, tras la dictadura franquista y el intento de golpe de Estado conocido como “tejerazo”, arriba a la vejez mientras la justicia española lo investiga por una fortuna no declarada depositada en Suiza y por el cobro de “comisiones” provenientes de Arabia Saudita.
El deterioro en la consideración pública de la imagen del exrey Juan Carlos fue tal que su propio hijo, el actual rey Felipe, debió cancelarle la asignación real a que era acreedor como ex jefe de Estado y monarca.
Pese a la ejemplaridad de la conducta del rey Felipe, el independentismo republicano catalán sacó provecho de las faltas y eventuales delitos del exrey español para justificar sus calificaciones de colonialismo y dictadura con las que acusa a la corona y al gobierno español.
Para acallar críticas, probablemente influenciado por exigencias de su hijo, el exrey Juan Carlos abonó al fisco español casi 700 mil euros en diciembre 2020 y otros más de 4 millones por deudas de ejercicios anteriores, pagado en febrero del 2021.
El todo rodeado por una conducta de dispendio, con amante despechada incluida, con viajes, cacerías y lujos, que la buena conducta democrática de otrora no logró “tapar” para siempre. Actualmente, el exrey Juan Carlos vive en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
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