Urgencias financieras y rivalidades políticas

El Gobierno repite su diagnóstico como un mantra. “Este año va a ser mucho mejor que el que se fue.” La creencia parte de la premisa de que 2016 será fácil de olvidar, que dejó la vara por el piso y que sólo cabe superarlo. Los funcionarios esgrimen motivos políticos y económicos para sustentar el discurso que, igualmente, adquiere ribetes voluntaristas.
Entre los primeros, apuntan que la oposición está dispersa y que, pese a algunos contratiempos, el Gobierno demostró que tiene la muñeca necesaria para que el Congreso funcione. Pero por ahora soslayan que 2017 será un año marcado por la competencia electoral, con todo lo que eso significa en la Argentina. Y también para un espacio político que necesita asentarse.
La alianza gubernamental Cambiemos llegó al poder sobre la base de los votos que le aportó el centro del país. Esto es, la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Por eso no puede considerarse casual que el presidente Macri ayudara especialmente a su distrito de base -la ciudad que gobernó ocho años- y a la Provincia más importante del país, que hace años es perjudicada y recibe la menor suma por habitante en fondos de la coparticipación.
Tampoco es casual que el auxilio se concretara en enero del año pasado en el caso de la Capital y ahora en la Provincia, ya que el Congreso está en receso y los actores políticos que pueden quejarse y torcer decisiones de esa naturaleza están en su mayoría de vacaciones. Así, la Casa Rosada financió el traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita del Gobierno porteño.
Y así también, anunció una transferencia de 25.000 millones de pesos para que la administración de la gobernadora Vidal cubra el bache fiscal de 2016. En ambos casos los mandatarios de otras provincias, sobre todo las gestionadas por el PJ, cuestionaron el “favoritismo político” de Macri. Pero lo hicieron más que nada para sentarse a la mesa grande y obtener sus propios beneficios, saben que Buenos Aires es la que más aporta en impuestos al Estado nacional y que está lejos de obtener las partidas que le corresponderían.
De hecho, después de aquel traspaso policial al distrito que gobierna Rodríguez Larreta, la presión de las provincias sirvió para que la Casa Rosada se comprometiera a restituirles los fondos que les fueron retenidos por Anses durante la era K. Y también para que accediera a refinanciar sus deudas con la Nación. Los gobernadores entendieron el “juego de las necesidades mutuas”.
La administración del presidente Macri necesitaba gobernabilidad, algo dificultoso de obtener si las provincias y sus representantes en el Senado se ponían con los tapones de punta. Y los gobernadores necesitaban -como siempre- recursos para financiar a los Estados-parte, por cierto deficitarios. Todos ellos se prestaron a ese juego, hasta los ultra-opositores como Alicia Kirchner.
La gobernadora de Santa Cruz pagó los aguinaldos en diciembre con fondos nacionales, en medio de una situación social muy delicada en la provincia patagónica. De todos modos, algunos de sus colegas sobreactuaron –en privado- la reacción adversa por el auxilio financiero a Buenos Aires.

Nación y provincias
Sin embargo, ya tienen acordado un próximo encuentro con el Gobierno central para el 2 de febrero, cuando el ministro Frigerio y su segundo García de Luca habilitarán el debate sobre el reparto de la coparticipación federal de impuestos. Se trata de una legislación pendiente desde la reforma de la Constitución en 1994, que desde entonces nunca se abordó con seriedad política.
El planteo de los gobernadores será claro y contundente: la única forma de que accedan a cambiar el esquema actual de coparticipación es que la Nación resigne fondos en favor de las Provincias. Cualquier intento de la Casa Rosada por beneficiar a Buenos Aires en detrimento de los demás distritos será abortado, porque la reforma requiere del acuerdo de todos los gobernadores.
Pero lo cierto es que la Provincia perdió recursos desde la década del ´80, luego los recuperó a modo de parche con el Fondo del Conurbano en los ´90 y ahora se encuentra en una situación desventajosa. Tanto es así, que los dirigentes bonaerenses más influyentes apoyan el reclamo institucional de la gobernadora Vidal y no vieron con malos ojos el salvataje nacional. Hasta el ex gobernador Daniel Scioli celebró en las redes sociales el  envío de fondos a la Provincia.
“La transferencia de 25.000 millones está bien. A la Provincia le faltan 42.000 millones para cerrar”, le escucharon decir a Sergio Massa en un viaje entre la Costa atlántica y el Gran Buenos Aires, donde alterna vacaciones con actividades políticas.
Si las cuentas no cierran en Buenos Aires, en la capital no cierra todavía el nuevo sistema de seguridad. La unificación de las policías Federal y Metropolitana le está trayendo más de un dolor de cabeza al alcalde Larreta, mientras hay dudas sobre la capacidad de su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, para pilotear la transición. El funcionario no ofreció garantías en los últimos días.
A tal punto que manifestó desconocer la identidad de los policías federales que hicieron explotar un petardo sobre un retrato suyo en una comisaría. El hecho de que el PRO se haya quedado en 2015 con los gobiernos nacional, porteño y bonaerense le provocó un problema del cual ahora comienzan a verse las consecuencias: la falta de funcionarios idóneos para cubrir todos los cargos.
Otro caso que podría clasificarse dentro de esa lógica es el del rabino Bergman. El ministro de Ambiente nacional no solamente tuvo una declaración desafortunada sobre los incendios que azotan a La Pampa –con focos que pasaron a Buenos Aires- al afirmar que la escena era propia de una “profecía apocalíptica”. Además, se filtraron contratos de asesores sin experiencia.
En el propio oficialismo se preguntaron, cuando Macri formó su Gabinete en los días previos a su asunción en diciembre de 2015, los motivos por los cuales Bergman había sido designado como ministro. Las especulaciones fueron muchas, pero el funcionario pasó a un segundo plano y eso lo benefició. Ahora, la tragedia de miles de hectáreas quemadas lo pone nuevamente en evidencia.

Un debate caliente
En este contexto, el Gobierno tuvo un acierto en el control de la agenda política, al promover un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, como se anticipó en esta misma columna la semana pasada. Eso le permitió salir de la discusión meramente policial de la inseguridad y a la vez obtuvo un rédito inesperado: provocó cierto ruido en la oposición.
El más notorio de ellos lo provocaron Massa y Stolbizer, quienes se mueven en sintonía pero en este punto no parecen tener el mismo enfoque conceptual. Los diputados del FR y el GEN se vieron forzados a acercar posiciones y a mostrarse juntos, pero la discrepancia ya estaba expuesta. Sin embargo, no fue la única: en el propio oficialismo el tema tampoco está demasiado digerido.
La gobernadora Vidal dijo –en una entrevista publicada ayer por Democracia- que apoyaba el debate convocado por la Casa Rosada, pero advirtió: “El porcentaje de delitos cometidos por menores en la Provincia es muy bajo”. Evidentemente no se trata de un asunto sencillo de resolver y agita la discusión pública. Tanto, que la Iglesia católica se apuró a pedir que no se persiga a adolescentes.
El fenómeno de la marginalidad no es nuevo en el país y se radica en las afueras de las ciudades más importantes. El Conurbano bonaerense es un caso demasiado evidente como para ignorarlo. Por eso la pelea por los fondos necesarios para hacer una reparación histórica y al mismo tiempo doblegar a la maldita inseguridad, debería sustraerse de las disputas electorales que se acercan.