Luego de varias semanas de incrementar la tensión con las provincias y de recortar transferencias de fondos nacionales, el Presidente de la Nación, Javier Milei, convocó para la semana próxima a los gobernadores de las 23 provincias y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un encuentro para firmar un pacto de diez puntos que contiene, entre otros reformas, el cambio de la Ley de Coparticipación Federal, la reducción del Gasto Público hasta el 25% del Producto Bruto Interno, y una reforma previsional y laboral.
Fue, en definitiva, un ensayo de llamado a la concordia que ahora aguarda respuesta como otro capítulo de la tensionada relación de la Casa Rosada con las provincias.
El Gobierno llamará la semana próxima a una reunión con los gobernadores en Buenos Aires para un encuentro preliminar y luego quiere avanzar en las conversaciones con los dirigentes más importantes de los partidos de la oposición para tener listo el acuerdo para que se rubrique el 25 de mayo en Córdoba.
Muchas de esas reformas requieren leyes que tendrán que ser votadas por el Congreso y por eso el Gobierno necesita que la voten amplios sectores de la oposición.
Antes de anunciar la convocatoria, Milei admitió que no tiene demasiadas esperanzas en conseguir el acuerdo.
Asimismo, le dedicó este viernes a Alberto Fernández un pequeño tramo de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En particular, se refirió al escándalo con los seguros que volvió a poner esta semana en el tapete al ex presidente.
El jefe de Estado, en su repaso del estado en que encontró a la administración pública, mencionó al informe de situación de las 114 dependencias que realizaron la Sigen y la Secretaría de Transformación del Estado. En ese momento, destacó que el estudio “ha arrojado información alarmante, entre la que destaca una deuda consolidada de 3000 millones de dólares en bienes y servicios impagos”.
La culpa, para Milei, es de “un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal”, que está “diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno”.
Y ahí disparó con todo contra su predecesor en el cargo: “Tal vez, el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado, de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos”.
“Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado al Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno”, remató.
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