Tras los fallos de la Justicia que, parcialmente, frenaron el controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei y mientras el proyecto de Ley Ómnibus suma críticas, incluso, en partidos aliados al oficialismo (como el PRO), el presidente salió ayer con los tapones de punta contra el Congreso. En ese sentido, calificó como “idiotas útiles” a los que cuestionan las formas del DNU, a la par que denunció a “la casta política” por trabar su programa de ajuste. “Quieren mantener sus privilegios”, acusó e insistió en su postura de que “hay políticos que quieren coimear”.
Las declaraciones del mandatario llegaron luego de que el viernes enviara el DNU para su tratamiento en la Bicameral de Tratamiento Legislativo, que aún no está constituida. En paralelo, mañana empezará la discusión en comisión de la Ley Ómnibus. Puntualmente ese proyecto genera rechazo (aún en el PRO) por la delegación de superpoderes al jefe de Estado y la suspensión de la fórmula jubilatoria que propone. Tampoco caen bien la suba de retenciones ni las privatizaciones masivas de empresas públicas ni la posibilidad de que el Gobierno pueda tomar deuda sin aval legislativo. Por eso es que bloques aliados y “dialoguistas” pretenden hacer cambios al texto. Así como está redactada, dicen, la iniciativa no será aprobada. Pero en La Libertad Avanza se muestran reacios a cualquier discusión.
Así lo advirtió ayer el propio presidente: “Se quejan porque queremos terminar con los vicios de la política. El DNU ha sido utilizado dentro del marco democrático por otros gobiernos y está en la Constitución. Se quejan, pero no se quejaron cuando otros gobiernos recortaron libertades”, dijo en una entrevista radial y defendió: “El DNU otorga libertades a las personas, es promercado, no proempresa. Se eliminan los tongos. Eso genera mucha resistencia”.
Más duro, el libertario insistió en que los políticos que quieren fragmentar el DNU buscan “coimear. Hay que fijarse si esos políticos tienen un nivel de vida acorde con lo que tienen”. Por otro lado, se mostró confiado en que la Ley Ómnibus se va a aprobar y aclaró: “Nosotros no negociamos nada, pero sí aceptamos sugerencias para mejorar”.
En tanto que sobre los reclamos de inconstitucionalidad que llovieron sobre el DNU, Milei contratacó: “Los que hacen foco sobre las formas son los idiotas útiles. Dada la magnitud del ajuste que proponemos, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño sea el menor posible en cuanto a pobreza, desocupación. Hoy tenemos más pobres, más inflación y más desocupación que en 2001” , admitió
Más de allá de mostrarse intransigente frente a la oposición, el jefe de Estado reconoció también internas en el Gobierno, al definir al ministro del Interior, Guillermo Francos, como “un gran jugador, que tiene una misión difícil. Tiene que lidiar con la política cuando unos cuantos de nosotros somos talibanes”.
Contra la justicia
Precisamente Francos fue otro de los miembros del Gobierno que ayer salió a reclamar que el Congreso apruebe la Ley Ómnibus, al advertir que el país “no puede esperar cuatro años más”, mientras acusó a la Justicia del Trabajo de no hacerse “cargo de la situación que vive la Argentina”, tras el fallo contra el capítulo de la reforma laboral incluida en el decreto en cuestión.
“No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado”, consideró Francos y alertó: “No hay tiempo. Si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo un año, no entra más un peso”.
Francos disparó también contra el fallo judicial que hizo lugar a un planteo de la CGT y la CTA y frenó la reforma laboral propuesta en el DNU 70/23: “Quienes resuelven los temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive la Argentina”, dijo en ese sentido.
En la misma línea, el funcionario bregó por “sacar esta norma rápido” para que “permita fluir la economía argentina y que se den al mundo señales claras de que estamos cambiando”.
Sobre el fuero laboral, el funcionario criticó que “normalmente ha tenido mucha participación el sindicalismo y la política” y afirmó que con sus fallos “genera un costo para el sistema productivo argentino muy alto porque, normalmente, son los jueces que fallan en favor de los trabajadores”.
Al respecto, opinó que “paralizar un intento de reforma para generar más actividad económica, para que se tome más gente, para que haya más trabajo es un error. Si se ponen en la cabeza cuál es la gravedad de la situación que está viviendo el país, tal vez empiecen a comprender que esta vez sí hace falta tomar las normas que establece la Constitución para tratar los temas de necesidad y urgencia”, y justificó: “Hay necesidad y urgencia ¿o no se entiende?”.
Para Francos, “el Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir”, dijo al justificar las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y adelantó que desde el Ejecutivo están haciendo “un esfuerzo para tener lista la ley” ómnibus con “media sanción en enero”.
Con foco en los superpoderes del Presidente, arranca mañana el debate en Diputados
El proyecto de ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, que el Poder Ejecutivo envió hace 10 días al Parlamento, comenzará a ser debatido mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, luego de que el jueves pasado se conformaran esos
grupos de trabajo.
De esta manera, las comisiones de Legislación General -cabecera-; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trabajarán de 14 a 20 y el miércoles de 9 a 20, en un cronograma de trabajo acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz y el de Avanza Libertad, José Luis Espert.
Las dos reuniones serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes.
En lo que coincide la mayoría de las bancadas es que el pedido de facultades delegadas al presidente Javier Milei hasta diciembre de 2025, con posibilidad de que lo autoprorrogue hasta 2027, es lo que se llevará la mayor parte. Allí parece haber una mayoría que se expresaría por el rechazo, según los sondeos desde que se presentó.
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