A dos años del inicio del segundo juicio del caso Próvolo -el instituto para niños sordos de Mendoza-, tras denuncias de abusos sexuales contra chicos hipoacúsicos ocurridos dentro de ese establecimiento, el debate entró en su etapa final y este viernes la fiscalía pidió en los alegatos de clausura una pena de 25 años de prisión para la monja Kumiko Kosaka.
Además, el fiscal Alejandro Iturbide solicitó que la imputada sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.
Kosaka llegó a esta instancia acusada, en calidad de autora, de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado en un hecho y corrupción de menores en cinco hechos. También fue considerada partícipe necesario para que se cometieran los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado y tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados.
El proceso comenzó en mayo de 2021 y desde entonces se desarrollaron alrededor de 300 audiencias y declararon más de 100 testigos. Kosaka, nacida en la provincia japonesa de Okasaki-Shi y que llegó a la Argentina en 1977, no es la única juzgada sino que en total son nueve las imputadas, en tres causas simultáneas. Las otras son la monja Asunción Martínez, la representante legal Graciela Pascual, las exdirectoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz.
Estas ocho mujeres fueron investigadas por la Justicia como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión de abusos a 36 niños y niñas sordos y sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo.
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