El Gobierno cambiará la forma de contratar encuestas de opinión pública, un insumo clave para la gestión de Alberto Fernández que le ofrece un termómetro social en la pandemia y le permite conocer de primera mano la imagen de los funcionarios y el nivel de aceptación de las medidas y acciones del Presidente y sus ministros. En lugar de contratar los estudios uno a uno, como se hacía hasta ahora, la Jefatura de Gabinete avanzará con una megalicitación “mayorista”, bajo el paraguas de un acuerdo macro, que le permitirá tener a disposición 138 sondeos en un año.
A través de un pedido de información pública y a través del sitio de datos abiertos de compras del Estado, la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Opinión Ciudadana”, que creó la gestión de Fernández a dos meses de asumir, hizo este año solo dos “contrataciones directas por especialidad”, sin licitación, a distintas consultoras.
El “Acuerdo Marco para la realización de Estudios de Opinión Pública”, que aún está en trámite para ser adjudicado, permitirá que cualquier ministerio u organismo pueda solicitar a la Casa Rosada sondeos de opinión de un “menú” de 138 estudios que estén dentro de convenios celebrados previamente con distintas encuestadoras. La licitación contempla 24 encuestas telefónicas tipo Cati (entrevistas telefónicas a cargo de operadores), cuatro entrevistas en profundidad, ocho focus group online, ocho focus group presenciales, 16 encuestas IVR (con programas telefónicos automatizados), 48 encuestas presenciales de distinto alcance (de 400, 1200, 2.000 y 4.000 personas), 24 encuestas online, dos estudios en “comunidades de WhatsApp” y cuatro encuestas tipo “bola de nieve”, donde los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos.
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