Nicolás Vaquer
Nicolás Vaquer, Gerente de Pfzier, ayer durante la videoconferencia
REUNIÓN EN DIPUTADOS CON LA AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE ASTRAZENECA

El Gobierno no cambiaría la ley de vacunas, como pide Pfizer

Las audiencias informativas con representantes de dos laboratorios que se celebraron ayer en Diputados volvieron a tensionar el vinculo entre el oficialismo y la oposición pero aportaron algunas certezas -aunque todavía quedan interrogantes- sobre el denominado “affaire Pfizer”: no hubo pedido de coimas por parte de funcionarios argentinos y las diferencias estuvieron en las condiciones “contractuales”, pero al mismo tiempo se confirmó que hubo un ofrecimiento para que llegaran al país unas 13 millones de dosis a lo largo de esteaño. Por lo pronto, en el oficialismo rechazan modificar la ley para quitar la palabra “negligencia”, una de las causas del desacuerdo, pero no descartaron avanzar en otro ordenamiento legal que favorezca un ulterior entendimiento con la farmacéutica.
La reunión había sido organizada por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), Mario Negri, que ayer estuvieron en la sala Delia Parodi acompañados por los distintos jefes de bloques parlamentarios. Los legisladores mantuvieron una teleconferencia con el representante de Pfizer, Nicolás Vaquer, y con el titular de Richmond –que fabricará en el país la Sputnik V- Marcelo Figueiras.
Pero hubo una ausencia muy llamativa, que fue la de ejecutivos de AstraZeneca -además de Sinopharm y del Instituto Gamaleya (creadora de la Sputnik) bajo administración del gobierno chino y ruso, respectivamente- el laboratorio al cual el Gobierno habría pagado entre noviembre y febrero más de $4.654 millones por 22.400.000 de dosis, de las cuales llegaron 2.992.000, según consta en un pedido de acceso a la información pública que consiguió un canal de cable.
El objetivo del encuentro fue intentar despejar las dudas de la oposición sobre las distintas negociaciones que entabló desde el año pasado el Ejecutivo con los fabricantes de las vacunas contra el coronavirus. En su exposición, Vaquer indicó que la causa del desacuerdo con el gobierno es que “hay dos aspectos importantes donde la Ley (de Vacunas) no es compatible con las condiciones contractuales propuestas, pero la mesa de negociación está evaluando las cuestiones legales y técnicas para poder avanzar”.
Se trata de la inclusión en el debate parlamentario del año pasado de la palabra “negligencia” en su artículo 4, algo que dejó entrever no estaba conversado en las negociaciones preliminares, y en las condiciones de indemnidad en cuanto a las garantías de un eventual resarcimiento por posibles demandas. Frente a esto último, negó que se hayan pedido como garantías “glaciares” o reservas del Banco Central. Y confirmó que “no hubo ningún pedido de pago indebido o exigencias por intermediarios de ningún tipo en ningún momento de las negociaciones con la Argentina”, una versión que había meneado Patricia Bullrich.
Sin embargo, el delegado de Pfizer no dejó bien parado al gobierno cuando confirmó que “en cuanto a las dosis, inicialmente estábamoshablando de 13,2 millones de dosis y nos pidió acelerar las entregas”. Es que en pleno enfrentamiento con referentes opositores, distintos funcionarios habían negado que la empresa se haya comprometido a garantizar la entrega de semejante cantidad de aplicaciones contra el Covid.
Esta aclaración fue aprovechada por el diputado Negri, que disparó que “quedó claro que el estado argentino optó por otros laboratorios. Esa es una decisión política. Si hubiera llegado al acuerdo con Pfizer hoy se tenía 8 millones más de argentinos vacunados. Pero mientras se hacía la ley se prior izó a otras empresas”.
La crítica no sólo se vinculaba a la rápida negociación oficial motorizada en aquel entonces con Rusia con la Sputnik sino también al acuerdo con AstraZeneca cuyo componente activo es elaborado en Argentina por el empresario Hugo Sigman, de estrechos vínculos con la Casa Rosada.
El diputado cordobés fue cuestionado por la oficialista Cecilia Moreau, a quien en la oposición atribuyen haber incluido el término “negligencia” en el debate, que aseguró que “Juntos por el Cambio pide la renuncia a la soberanía cuando exige convocar a Pfizer para redactar la ley. El propio laboratorio reconoció que proponen cláusulas de indemnidad porque la necesidad de velocidad y escala de producción no tienen precedentes” y así intentaban cubrirse de eventuales demandas judiciales.
En este marco, el titular de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, rechazó que exista la posibilidad de modificar la ley de Vacunas sancionada en 2020 para acomodarla a las exigencias de Pfizer, como propuso un proyecto de la oposición que modifica el mentado artículo 4. “Con el marco normativo que hoy contamos, tenemos para las personas mayores de edad vacunas de alta calidad y seguridad que son suficientes. La oposición presentó una iniciativa de modificación, a nosotros nos parece que no es necesario por el momento”, aseguró el legislador tucumano del Frente de Todos.
En Casa Rosada hoy afirman que continúan las negociaciones con los emisarios de Pfizer, el único laboratorio autorizado hasta el momento para aplicar vacunas a la población de entre 12 y 18 años. Entre las alternativas analizadas en Salud y Legal y Técnica, no se descarta una reglamentación específica para esa franja etérea que armonice con los requerimientos de la firma. “Es parte de las conversaciones que estamos teniendo con la empresa”, admitió anoche a este diario un vocero gubernamental.
“Lo importante es que están llegando vacunas”, explicó, con optimismo, una alta fuente gubernamental consultada. Mientras, en la oposición quedó la sensación de que las vacunas del laboratorio norteamericano, y de otros, seguirán “sin llegar” llegar al país.

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