El Frente de Todos se encaminaba a aprobar esta noche en el Senado el proyecto del Gobierno que busca darle un marco normativo a la aplicación de restricciones para enfrentar la pandemia de coronavirus, en medio de la expectativa por la definición de un nuevo decreto con medidas más estrictas.
La iniciativa, que tuvo más de 30 cambios sobre la redacción original enviada por el presidente Alberto Fernández, es discutida por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que la rechazará al momento de la votación que se llevará a cabo alrededor de las 21:00.
La oposición rechaza el proyecto que apunta a establecer los "parámetros epidemiológicos y sanitarios" para determinar los distintos niveles de restricciones por considerar que implica un avance del Poder Ejecutivo Nacional sobre las autonomías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y una delegación de facultades que estiman "excesiva".
Del lado del Frente de Todos, la senadora María de los Ángeles Sacnun, quien estuvo a cargo de trazar el camino legislativo de este proyecto, sostuvo que "a medida que la crisis sanitaria perdura amerita dictar una legislación como se ha producido en otras partes del mundo".
"Se deben cumplir ciertos requisitos: la emergencia pública, un plazo para el uso de cada facultad y establecer parámetros epidemiológicos objetivos", subrayó la senadora santafesina.
En tanto, su par de Juntos por el Cambio Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado, sostuvo que el proyecto "es un intento para maquillar de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa".
Más dura fue su compañera de bloque Laura Rodríguez Machado, quien sostuvo que, de aprobarse esta ley, "el Presidente va a convertirse en un emperador" y que "los gobernadores no deben avalar esta ley" porque el Gobierno nacional se "arrogará facultades que no le son propias".
"Hablamos de Alemania en la inspiración de este proyecto de ley. Pero desde que la ley entró allí en vigencia Alemania lleva 18 millones de vacunados más, testea 4 veces más que la Argentina y allí esa ley se debe renovar cada tres meses", señaló a su turno Martín Lousteau (Juntos por el Cambio).
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) subrayó que "es clara la validez y la necesidad de esta ley, destinada a ayudar al Presidente y a los gobernadores para enfrentar esta crisis lo mejor posible" y negó que "otorgue ninguna clase de superpoderes, eso es un discurso sesgado para hacer creer lo que no es".
A grandes rasgos, el proyecto busca darle un marco normativo a la aplicación de medidas para evitar la propagación del Covid-19 y, para ello, define las categorías de Riesgo Epidemiológico Bajo, Medio, Alto y Alarma Sanitaria, en función de la cantidad de casos cada 100 mil habitantes y la ocupación de camas en el sistema sanitario, entre otros indicadores.
Uno de los puntos más discutidos es que, en las zonas de Alarma Sanitaria, el proyecto fija cuáles serán las restricciones que deberán aplicarse, incluida la suspensión de la clases presenciales y los límites horarios para la circulación y funcionamiento de locales.
En ese sentido, el tema más sensible es el de la presencialidad de las aulas, dado que se suspenderá automáticamente en los de Alarma, sin previa consulta con los gobernadores, lo cual a criterio de la oposición podría chocar con el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en esa discusión con el Gobierno.
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