Una pelea entre encumbradas autoridades políticas. Un fallo extemporáneo de la Corte que favorece la impunidad. La Iglesia que se vuelve a enredar con el pasado maldito. Y un fiscal al que -por arriba de toda consideración- nadie protegió como se debía. Todo eso sucedió en la Argentina de la última semana. Si existiera la posibilidad de borrarla del calendario, habría que hacerlo sin ningún tipo de remordimiento.
Pero como eso no se puede hacer, es mejor tratar de comprender por qué suceden esas cosas que deterioran la convivencia democrática. No alcanza con manifestar una lógica perplejidad ante esos hechos disonantes, que van en contra de lo esperable para un país que busca salir del subdesarrollo. Pero que se topa con una brecha entre lo que pretende y su propia realidad.
Una de estos hechos ocurrió en La Matanza, corazón del Conurbano bonaerense. Allí el Gobierno nacional inauguró un Metrobus como los que pusieron a Mauricio Macri en la consideración de los argentinos cuando era alcalde porteño. Pero un acto positivo, que beneficiará a los vecinos de la zona, se transformó en un desencuentro político entre Cambiemos y el PJ-FpV.
El Presidente llegó al lugar después de haber suspendido la inauguración en un par de ocasiones. La razón es que en la Casa Rosada sienten que Macri recibe un trato hostil en algunos sitios del Gran Buenos Aires, donde las manifestaciones tipo escrache no son espontáneas, y mucho menos cuando los intendentes son ultrakirchneristas. La investidura presidencial no es respetada allí como se debe, más allá de los disensos y los reclamos justos.
Pero también hay que marcar un hecho insoslayable: la intendenta Magario fue sometida a un destrato político ostensible. Un acto más civilizado hubiera consistido en que pudieran hablar el Presidente, la gobernadora Vidal y la jefa comunal, aunque la intendente se hubiera atribuido falsamente la importante e impostergable obra que financió y planificó el gobierno nacional.
Polarización
El enfrentamiento entre macristas y kirchneristas es actualmente el eje central de la política argentina. Por eso es que tanto Cambiemos como el PJ-FpV apuestan a la polarización. Pero en el Gobierno saben que las próximas elecciones serán las últimas en las que podrán azuzar el miedo de sus votantes y del electorado independiente a la recuperación política de Cristina Kirchner.
Por eso en la mesa chica gubernamental -que integran Macri, Peña, Vidal y Rodríguez Larreta- están pensando en la manera de fortalecer la gestión una vez que pasen las elecciones de medio término. De otro modo, el Presidente no conseguirá hacer creíbles sus referencias a un posible segundo mandato, a las que volvió a apelar días atrás al inaugurar otro Metrobus en Santa Fe.
La pregunta recurrente que se hacen en los ámbitos políticos es si Macri y sus asesores tomaron nota de que los argentinos subirán la vara para medir su eficacia y que no le alcanzará con repetir los caminos que transitó cuando era alcalde porteño. Al Presidente se le hará cada vez más presente la demanda para que haga funcionar la economía.
Por el momento, la persistencia de la inflación, las altas tasas de interés y el retraso cambiario se combinan para que la actividad económica siga planchada, pese a que el ministro Dujovne insiste en asegurar que la recesión ya terminó. A ese combo preocupante debe sumarse el alto nivel del déficit fiscal, estimado actualmente en 8 puntos del PBI, uno más del que dejó el kirchnerismo.
Claro que ese indicador no representó un mérito para la ex presidenta, puesto que Néstor Kirchner había alcanzado 4 puntos de superávit en 2004, pero luego el cuadro fiscal se deterioró durante los dos mandatos de Cristina, cuya administración lo financió con la máquina de hacer billetes. Ahora, la gestión de Cambiemos apela al endeudamiento externo.
Impunidad
En la semana que sería preferible olvidar no sólo deben apuntarse las peleas políticas y las penurias económicas, sino también -y especialmente- el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó la derogada Ley del 2x1 a un represor de la última dictadura que pidió recuperar la libertad. Los jueces Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco alimentaron así el fantasma de la impunidad.
Si bien los magistrados aplicaron el principio de la ley más benigna, el hecho de que se trate de un crimen de lesa humanidad, debidamente contemplado por los jueces supremos, tanto en sus efectos jurídicos como políticos y sociales. Los votos en disidencia de Lorenzetti y Maqueda reflejaron un punto de vista más político.
Los tres jueces que conformaron el voto mayoritario se remitieron a la aplicación de la ley irresponsablemente del dos por uno. Uno de esos integrantes del supremo tribunal fue ministro de Kirchner y la otra es considerada “progresista”.
Tras el fallo que fue condenado por los organismos de derechos humanos y prácticamente todo el arco político nacional, hubo dos reacciones que llamaron la atención: el silencio del presidente Macri, aunque funcionarios de su administración cuestionaron la resolución; y la exageración política de Cristina Kirchner, quien aseguró haber acortado su gira europea por esta situación.
Por cierto que no es nueva la utilización política que hace la ex presidenta de los derechos humanos, pero tampoco es la primera vez que el actual mandatario actúa con cierto desatención sobre ese delicado asunto. Para colmo de males, los obispos de la Iglesia católica eligieron esta misma semana para promover una “reconciliación por las heridas causadas en el período de dictadura”.
Los cuestionamiento que recibieron los prelados -reunidos en la 113° Asamblea Plenaria que tuvo lugar en Pilar- fueron tantos que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor José María Arancedo, debió salir a aclarar que no se estaba promoviendo el perdón sino la “memoria, verdad y justicia”.
Mafias
Si el fallo de la Corte y el pronunciamiento luego relativizado de la Iglesia provocaron confusión y desasosiego, el ataque al fiscal Cartasegna en La Plata terminó de configurar una de las peores semanas de los últimos años para el sistema institucional argentino. En su caso, resultó a todas luces incomprensible que estuviera custodiado por personal jubilado del Servicio Penitenciario después de una denuncia de agresión física.
La reacción de algunas autoridades -incluidas las del ámbito judicial- frente al hecho ratificó que la Argentina no puede liberarse de la maliciosa consigna “algo habrán hecho”. Por eso no faltaron referencias a la vida personal de Cartasegna. Pero no debe soslayarse que otra vez un fiscal haya sido desprotegido, en un país que registra el antecedente de la inexplicable muerte de Nisman y que Cartasegna tenía bajo su decisión causas muy delicadas.
La “pelea contra las mafias” que anunció el Presidente y que encarna la gobernadora Vidal en la Provincia requiere de rigurosidad ejecutiva. Eso ya quedó demostrado en 2006, hace casi 11 años, con la desaparición de Jorge Julio López, a quien nadie protegió como correspondía pese a que fue testigo en el juicio contra el represor Etchecolatz.
De aquello nunca se hizo cargo el kirchnerismo, pero el reciente fallo de la Corte le dio a Cristina Kirchner el pie para afirmar: “En mi país ocurrieron hechos de suma gravedad que requieren de mi presencia”. Así justificó la ex presidenta la cancelación del tramo británico de su gira europea. En rigor, la ex mandataria debe regresar al país para el momento de las definiciones de las candidaturas y se encuentra en medio de una encrucijada: ¿Debe presentarse en la Provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz o preservarse para 2019? Hay muchos intendentes y legisladores que la empujan, pero ella no está convencida, ya que una derrota la restaría protagonismo político en forma definitiva, después del 54 % de los votos obtenidos hace seis años una victoria con el 34 % en la más importante provincia no le serviría porque en la próxima elección la perspectiva del ballotage dificultaría su candidatura en un peronismo cuya meta es ocupar la Casa Rosada.
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