El sector inmobiliario local se expresó en favor de derogar o modificar la nueva Ley de Alquileres, con el objetivo de impulsar una norma “superadora”, en la que “el Estado tenga la menor injerencia para que el mercado pueda empezar a actuar”, aseveró en diálogo con Democracia el titular del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma.
Estas declaraciones surgen luego de que el presidente electo, Javier Milei, manifestó en declaraciones periodísticas que a la Ley de alquileres “hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”.
"Nosotros como intermediarios, a través de nuestras instituciones, estamos elaborando los proyectos para elevar al próximo Ejecutivo nacional, proyectos que hemos presentado al gobierno actual y que, en alguna medida, no han sido tenidos en cuenta", afirmó Di Palma.
En tanto, sobre los contratos comerciales, el profesional aclaró: "Debemos resaltar que de las normas anteriores hay cuestiones que pueden ser viabilizadas en un nuevo formato, porque hay ocupación total sin ningún tipo de problemáticas ni judicialización respecto de la locación comercial. En ese ámbito ha podido ser paliada la inflación con ajustes programados entre las partes, con índices pactados entre las mismas".
Locación de viviendas
El presidente del Colegio destacó que "en pos de una protección en la locación de vivienda, se ha desarrollado una intromisión por parte de la reglamentación que ha sido perjudicial para ambas partes, porque nadie que tenga un inmueble pretende alquilarlo en términos de tan largo plazo como 36 meses, con índices que no se ajustan a la inflación real".
Y continuó: "Tenemos locatarios que alquilan y que desean alquilar inmuebles que no encuentran hoy en un mercado que ha sido desabastecido de oferta como consecuencia de estas situaciones, y tampoco los salarios permiten pagar lo que finalmente se pretende pedir por la imposibilidad de realizar un contrato de menor tiempo. Entonces entendemos que es necesario reducir los plazos y es necesario el pacto entre las partes con índices a pactar entre las mismas".
Por su parte, sobre las renovaciones, afirmó: "De momento se producen pactadas también en el Código Civil y Comercial, se vuelven a plantear nuevos plazos de los contratos vigentes para aguardar, en definitiva, en los próximos meses una nueva legislación que pueda arribar a un contrato de mayor término para todas las partes y que dé certeza y seguridad jurídica a ambas partes del contrato de locación".
"Se debería derogar"
Por su parte, Hernán Pietrobón, otro de los martilleros referentes de la ciudad, destacó que este tipo de situaciones "trae mucha confusión porque otra vez puede haber propietarios que se muestren en contra de poner las propiedades en alquiler o rechacen querer hacer contratos por tres años, ante la posibilidad de cambios en corto tiempo".
El profesional destacó que "se debería derogar, pues ya sabemos que en todo lo que interviene el Estado condiciona de alguna manera la libre contratación de las partes, entonces eso viene a entorpecer de alguna manera lo que el mercado regula por sí mismo".
Y aclaró que "si llegase a haber una dolarización futura, indudablemente habría que derogar la ley, porque ya no habría una moneda nacional para poder representarla y una de las condiciones que esta ley incorpora es justamente que los contratos deben ser abonados con pesos".
Pietrobón se mostró preocupado por la coyuntura actual: "No nos olvidemos de que estamos en un momento donde no hay crédito, hay déficit habitacional y el factor inflacionario hace estragos, porque hay incertidumbre. Las pocas propiedades que hay dispuestas en alquiler comienzan a tomar valores siderales en virtud de la escasísima oferta y la altísima demanda".
En la Provincia
El vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, consideró necesario realizar “cambios urgentes en la Ley de Alquileres” ya que “perjudica a todos los eslabones de esta cadena”, desarrolladores, propietarios, constructores, corredores inmobiliarios e inquilinos.
Para Sacco, la norma vigente desde julio pasado provocó que muchos propietarios retiraran de la oferta sus viviendas “por la extensión de la vigencia de los contratos de dos a tres años”, lo que derivó en “fuertes subas de las mensualidades”.
“Es necesario realizar cambios urgentes en la Ley de Alquileres; así como está perjudica a todos los eslabones de esta cadena: a los desarrolladores, a los propietarios, a los constructores, a los corredores inmobiliarios y muy especialmente a los inquilinos quienes -en la Ciudad de Buenos Aires, por caso- debieron sufrir aumentos de hasta 62% en lo que deben pagar por sus viviendas”, aseguró.
“Estamos elaborando un proyecto, no para derogar la nueva Ley, para la que incluso colaboramos y prestamos apoyo, sino solamente para hacer algunas modificaciones: proponemos volver a los dos años de duración de los contratos y que el ajuste, en vez de hacerse anualmente, sea acordado entre las partes libremente según las posibilidades de cada parte”, detalló.
“Únicamente pedimos que a esa Ley se le modifiquen dos artículos: el que establece la duración de los contratos, para que vuelva a ser de 24 meses, y el que fija la frecuencia de la actualización de la tarifa: en lugar de una vez al año, que vuelva ser cada seis meses como era antes, pero teniendo en cuenta las reales posibilidades de locatarios y locadores. La idea es construir una relación sostenible para ambos actores”, remarcó.
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