El diputado provincial Abel Miguel (radical en la Coalición Cívica) insistió en la inmediata necesidad de la implementación de la Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires.
“En el caso de la pequeña Candela se puso de manifiesto que es imprescindible contar con un órgano especializado en la investigación de los delitos penales, que nos dé más y mejores herramientas en la lucha contra la inseguridad y la impunidad, por lo que no podemos demorar esa decisión”, afirmó el Legislador juninense.
“Desde la Cámara Baja venimos trabajando para lograr la sanción de una ley que permita la creación de la Policía Judicial”, afirmó.
“Ya presenté el proyecto para llevar adelante una ley que organice la Policía Judicial, un órgano creado por nuestra Constitución de 1994 y que todavía no se puso en práctica”, afirmó.
“Esto mejoraría los procedimientos en la investigación sobre la comisión de posibles ilícitos, pues a diferencia de la policía de seguridad -cuya función es la de resguardar y proteger la integridad de las personas y sus bienes-, la policía judicial tiene un rol de investigación, de instrucción sumarial y de determinación de la existencia del delito”, explicó el diputado.
“Es un aporte concreto y eficaz al mejor funcionamiento del servicio de administración de justicia, que irremediablemente otorgará más y mejores herramientas en la lucha contra la inseguridad”, agregó.
En la misma línea, Lisandro Benito, abogado y candidato a legislador por la cuarta sección por la Coalición Cívica, apoyó la iniciativa y agregó que “la idea es poder dotar a los fiscales de un cuerpo especializado de investigadores que mejoren y perfeccionen las investigaciones penales. Quedó demostrado en el caso Candela, que normas elementales como preservar la escena del crimen –Scioli y sus acompañantes la contaminaron a ojos de todos- o resguardar las principales líneas de investigación -se dejaron trascender datos y escuchas a la prensa antes que al Fiscal- no se cumplieron, como de hecho no se hace en la mayoría de los casos.
Ante esto, el candidato a diputado, que en caso de resultar electo en las próximas elecciones del 23 de octubre seguirá trabajando para que finalmente sea sancionado el proyecto de Miguel, afirmó: “No creo que nadie se oponga a que podamos investigar más eficazmente, es una deuda que tenemos como sociedad pues nos permitiría tener menos casos impunes y obviamente más seguridad”.
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