La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá nuevamente mañana para analizar las distintas posturas que existen para poder avanzar en una reforma de la ley de alquileres, que tiene como principales ejes la discusión de los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos, con el objetivo puesto en poder sancionar una nueva norma en la primera quincena de mayo.
Al respecto, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Junín, Daniel Di Palma, sostuvo a Democracia: “Nosotros pedimos reducir el contrato de alquiler de 36 a 24 meses que sería beneficioso para las partes porque restaría presión al contrato de locación. También, buscamos que el incremento que está planteado anualmente, que está siendo excesivo con el 50 por ciento, se pueda dividir en dos procesos lo que significaría una mayor equidad para ambas partes.
“En un acuerdo entre oficialismo y oposición, ha entrado en debate legislativo la Ley de Alquileres promulgada en 2020 en medio de la pandemia, cuando estaban en vigencia los decretos de necesidad y urgencia”, afirmó.
“En ese momento entró en funcionamiento, más allá que nosotros los inmobiliarios habíamos manifestado lo impropio e inoportuno del momento. En el contexto de la pandemia, poner una intromisión a la Ley era poco probable que trajera beneficio para el déficit habitacional que tiene la nación”, recordó Di Palma.
“Hay cuestiones propias de la Ley en las que estamos de acuerdo, pero hay cuestiones que son ajenas al mercado y que en realidad tiene que ver con la relación entre particulares y que no debería haber intromisión por parte del Estado”, afirmó.
“Hace mucho tiempo tenemos propiedades en venta producto de la economía en general. La realidad es que nadie quiere tener una propiedad sin alquilar más allá de las circunstancias y de los parámetros normales y negociaciones entre los particulares”, subrayó.
“En nuestra ciudad nadie tiene una casa desocupada porque no le gusta la Ley de Alquileres. Se alquila, se asume a recibir una renta disminuida respecto a la rentabilidad histórica y sabiendo que hay un locatario que se ve diezmado producto de la pérdida del poder adquisitivo del salario”, concluyó.
En la misma línea, el martillero Hernán Pietrobón sostuvo que “la reunión es para rever esos dos puntos fundamentales de la norma que tienen que ver con la vigencia de los tres años para llevarlo a dos años, y el ajuste anual. Cuando en un acuerdo entre dos partes se mete el Estado generalmente pasan estas cosas”.
“Hay derechos adquiridos de los inquilinos”
El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, el sanjuanino José Luis Gioja, dijo a que “lo primero que hay que decir, es que, es muy sano el debate público, incorporando a todos los actores que intervienen en el mercado y mucho más sano aun que esa discusión se dé en el Parlamento, que es la Casa de las Leyes”.
“Nosotros tenemos muy en claro que hay derechos adquiridos de los inquilinos que hay que preservar; como los tres años de duración de los contratos y una única renovación anual. Por otro lado, nuestra propuesta de modificación de la Ley 27.551, incluye incentivos para propietarios, como son las exenciones impositivas de Bienes Personales por 15 períodos fiscales por la propiedad alquilada”, dijo el legislador cuyano.
“Uno de los aspectos más importantes de nuestro proyecto, que en la actual Ley vigente no se contempló, es las facilidades para acceder a un seguro de caución que opera como garantía para inquilinos monotributistas. Hoy, un profesional independiente o una persona que tiene un oficio y que factura como monotributista, prácticamente tiene vedado el acceso a una vivienda de alquiler, nosotros equiparamos al monotributista con un empleado del sistema formal”, sostuvo Gioja.
Agregó que “también y para evitar abusos, proponemos poner topes del 10% de aumento para renovaciones de contratos de alquiles y 20% para contratos de alquileres nuevos”.
Desde Juntos por el Cambio, la secretaria de la comisión de Legislación General, Karina Banfi, dijo que la Argentina “carece de una política habitacional y eso es una responsabilidad del Estado que no tiene una política de fomento de la construcción” y resaltó que “no es responsabilidad de los propietarios” que exista esa situación.
Señaló que el “costo de indexación es un drama cuando se alquila en medio de un sistema de alta inflación como existe acá en la actualidad”.
“Es necesario revisar no solo el plazo del contrato para que sea amigable tanto para el propietarios como el inquilino y dar un mecanismo previsible a las dos partes que intervienen en el mercado, así como el sistema de indexación de los mismos”, destacó.
También se mostró partidaria no solo de recibir a asociaciones de inquilinos y corredores inmobiliarios, sino también a otros actores que participan en el mercado.
Banfi dijo que la ley vigente “no tuvo el impacto que fue esperado, ya que dificulta el mercado de alquileres”.
“Mucha gente lo hace de palabra es decir sin establecer un contrato de alquiler y eso genera inseguridad jurídica”, agregó.
La necesidad de alcanzar un acuerdo
El acuerdo alcanzado en los primeros días de abril entre el FdT y JxC fija un cronograma para poder analizar la reforma por espacio de 30 días hábiles -equivalente a 45 días corridos- que vencerá a mediados de mayo, cuando se buscará aprobar el dictamen mayoritario en el recinto de sesiones.
La necesidad de alcanzar un acuerdo para poder aprobar las leyes se debe a la extrema paridad numérica que existe entre el Frente de Todos -el bloque conducido por Germán Martínez- y el interbloque de Juntos por el Cambio, que en esta etapa tiene 10 bancadas y aun no eligió su presidente.
El oficialismo tiene 118 miembros y la principal fuerza de oposición suma 116 integrantes.
De todos modos no será sencillo conciliar los intereses de los propietarios, martilleros e inquilinos de acuerdo a las posiciones expuestas en la primera reunión de comisión ya que mientras los primeros piden cambiar el plazo para que vuelva a tener dos años y que la actualización sea semestral, las organizaciones de inquilinos rechazan ambos planteos.
A eso se suma que la ley se discute en un contexto económico delicado por la alta inflación que se registró en marzo de un 6,7 por ciento, con lo cual es difícil establecer un sistema de actualización que pueda satisfacer a las partes.
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
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