Tras la concreción de la suba de las alícuotas de los derechos de exportación que el Estado cobra a las colocaciones de harina y aceite de soja del 31% al 33%, productos del que el país es el primer exportador mundial, y con cuya recaudación se conformará un “fondo estabilizador del trigo” para estabilizar el precio que pagan los molinos, el descontento en el campo es cada vez mayor y se avalúan medidas de movilización. De hecho se mantienen asambleas en distintos sectores de la Región.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que calificó al campo como “la gallina de los huevos de oro”, explicó que el presidente Alberto Fernández encomendó a sus ministros instrumentar medidas para llevar el precio del trigo “a valores prebélicos” mientras duren las consecuencias del aumento de precios a causa de la guerra en Ucrania y “desacoplar el precio argentino de los precios internacionales”.
Democracia consultó al presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous y al ex presidente y actual pro secretario de Carbap, Gustavo Frederking; y al productor Alejandro Barbieri, quienes expresaron su descontento y dieron detalles de la situación, mientras se aguardan definiciones a mayor escala.
Asimismo, el presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego destacó las conclusiones de la asamblea de productores organizada por las Rurales del Norte el pasado viernes.
Descontento general
Consultado sobre el malestar palpable en el sector, el presidente de la SRJ, Andrés Moutous señaló: “Creo que hay una opinión de todo el sector bastante unificada, con un descontento general”.
A su vez amplió que “es volver sobre lo mismo, con las mismas recetas, que hace 20 años que no funcionan y se siguen aplicando con el argumento de la inflación y de cuidar los alimentos y demás.
Cerraron las exportaciones de la carne y aumentó, cerraron las exportaciones de trigo y aumentó, cerraron las exportaciones de maíz y aumentó, claramente el camino no es ese”.
Moutous consideró que perjudican fuertemente al sector: “Me parece que lo que el Gobierno trata de hacer es anunciar esas medidas, tal vez para que algún sector de la sociedad o para quien no está bien informado sobre cómo funciona la cadena de valor, y crean que están haciendo algo y en definitiva no hacen más que perjudicar a los que producen”.
Sobre las posibles medidas a tomar por el agro, aseguró que “las asambleas normalmente tratan de juntar a los productores, que son los que expresan su opinión, y le dan fuerza y legitimidad a las instituciones. Sabemos que no es ni la solución ni mucho menos pero se trata de legitimar lo que por ahí después terminan proponiendo las instituciones más grandes”.
Reuniones y pedidos de cese de comercialización
El actual pro secretario de Carbap, Gustavo Frederking señaló a Democracia que “hay una movilización incipiente, hay asambleas, en rotondas, en ciudades del interior, a lo largo y ancho del país. Hay malestar desde el sector, un hartazgo porque uno ve que siempre se busca agregar más retenciones. Nunca se busca una reducción en el gasto de la política”.
A su vez cuestionó: “Además está planteado que consideramos que las retenciones hoy ya cayeron, por la ley de emergencia económica, que las fijó hasta el 31 de diciembre de 2021”.
“Si habrá medidas o no, no se sabe aún. Hay pedidos de cese de comercialización, se está viendo”, adelantó y agregó: “Y se está planteando para la semana que viene una reunión con diputados y senadores de la oposición, para plantear todos estos temas. Iría la Mesa de Enlace y podría haber un acompañamiento de productores a este encuentro”.
Por su parte el productor Alejandro Barbieri, reconoció que “hay movilizaciones, ideas de marchas grandes en Rosario, Córdoba” y que “hay mucho malestar en los productores”.
“Lo hemos dicho, después de 20 años de altas retenciones a la soja no ha habido una solución social, ni política al tema. Lo que dijo el presidente son falacias, se le saca a los sectores que invierten”, puntualizó.
“Creo que hay un rumbo claro que es ir en contra de la gente”, cuestionó.
“Están evaluando medidas y esperamos que las entidades madre definan una política agropecuaria sectorial concreta. Hay una falta de liderazgo en el sector y los agremiados estamos esperando definiciones”.
Asambleas
En el marco de las asambleas y reuniones que se vienen realizando, y bajo el lema “Libres, no mendigos”, se realizó el viernes una asamblea de productores organizada por las Rurales del Norte de Buenos Aires.
Alberto Del Solar Dorrego aseguró que se están “apoyando las asambleas”.
Con presencia de legisladores nacionales y provinciales se realizó la jornada en la que se solicitó a la Mesa de Enlace “acciones directas e inmediatas a consensuar”.
Entre los lineamientos se consideran movilizaciones, pero también “cese de comercialización por tiempo indeterminado”, entre otras.
En la asamblea, se señaló que “El desacople de precios para el consumo interno de la población lo debe realizar el gobierno con la baja de impuestos que gravan los alimentos” y que “el sector rural debe unirse para lograr estos objetivos dejando personalismos y divisiones”.
Entre los presentes estuvo el diputado nacional Javier Milei, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, Alberto Del Solar Dorrego, por la Sociedad Rural de Rojas, el concejal y productor Rodrigo Esponda y representantes de La Pampa, Santa Fe, Capitán Sarmiento, Marcos Juárez, y autoconvocados, entre otros.
Explicaciones
Ante el descontento de la industria aceitera, el ministro Domínguez explicó que el aumento de derechos de exportación de 2 puntos para la harina y aceite de soja y 1 punto para el biodiésel alcanza a once empresas, de las cuales ocho exportan el 95 por ciento de los subproductos de la soja y apeló “a la solidaridad y al sentido común” de quienes manejan esas empresas en la circunstancia “absolutamente excepcional” del conflicto bélico.
A través del decreto 131, el Gobierno de Alberto Fernández suspendió hasta el 31 de diciembre próximo un decreto de 2020 -el 790- en el que se reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31%, lo que resulta en volver a poner en vigencia el valor de 33%.
Las medidas se enmarcan en la llamada “guerra contra la inflación” que Fernández anunció que comenzaría el viernes y que consiste en medidas que se irán implementando y que sus ministros informarán diariamente.
Rechazo de la industria
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) “rechazó” la suba de los derechos de exportación para la harina y aceite de soja al 33 por ciento, al asegurar en un comunicado que “atenta contra la industrialización de la soja” en el país suramericano.
Ciara señaló además que la suba de los derechos de exportación “no tiene legalidad” dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso y el decreto debe ser refrendado por una Comisión Bicameral, por lo que advirtió que las empresas agroexportadoras están “analizando todas las acciones judiciales para cuestionar la decisión”.
La cámara dijo que la medida “desincentiva las exportaciones”, al recordar que la harina y el aceite de soja representan un tercio de las exportaciones totales de Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de exportaciones totales del país. Y consideró que el Gobierno argentino tenía decisiones alternativas para tomar, pero decidió subir las alícuotas de productos procesados que “no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional”.
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