Durante la semana pasada, el aumento de tarifas ocupó los principales titulares de los dairios. La cuestión estuvo centrada, tanto para el oficialismo como para la oposición, en cuál será el impacto que tendrán los incrementos de la luz.
En tal marco, surge el importante componente tributario que tienen las facturas de electricidad en territorio bonaerense.
En ese sentido, la factura de electricidad en la provincia de Buenos Aires tiene más del 30% de impuestos, como el caso de Edelap, y -en Junín- alcanza al 42%, según las facturas cotejadas por este diario emitidas por Eden, el prestador del servicio.
El cálculo para implementar estos impuestos y tasas es porcentual al gasto de energía eléctrica, salvo la tasa de seguridad que es fija ($23,35 mensual por domicilio).
Así, por ejemplo, una factura domiciliaria de Eden – que venció el 14 de febrero- con un monto total de 676,44 pesos, se compone de 393,19 pesos de costo de energía y 283,25 pesos de impuestos.
De esos 283,25 pesos de impuestos y tasas; 81,57 pesos corresponden al IVA (Ley 23.349) que grava el 21% del costo de la energía; 106,56 pesos son de impuestos provinciales (Ley Provincial 11.969 Arts. 72 bis y ter.; Decreto Ley Provincial 7.290; Decreto Ley Provincial 9.038 y Ley Provincial 11.769); 70,77 pesos por cobrados en el marco de la Ley 10.740 para la Tasa Iluminación Municipal, mientras que 23,35 pesos es el valor de la Tasa de Seguridad.
En otra factura tomada como muestra, el monto total de la misma, con vencimiento el 16 de enero, era de $444,29, de los cuales 253,42 pesos eran por energía, mientras que 190,87 pesos eran impuestos.
De esta manera, los gravámenes nacionales, provinciales y municipales representan, en promedio, el 42% de la facturación total y el 58% es el costo de la energía eléctrica.
Reaparición de leyes
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires había dictado la Resolución MISP N° 60/18 aprobando los cálculos de los Cuadros Tarifarios según la Resolución OCEBA N° 377/17, publicada en el Boletín Oficial el 18 de enero de 2018.
Así, en las facturas hicieron su reaparición, tras un fallo de la Suprema Corte Bonaerense, dos ítems que desde julio de 2016 estuvieron ausentes, por una medida cautelar de primera instancia. Se trata de dos Fondos Especiales: “Desarrollo Eléctrico” y “Grandes Obras”, los decretos ley provinciales 7290 y 9038 respectivamente.
En todas las modalidades, las alícuotas son definidas por los respectivos concejos deliberantes de cada una de las localidades y EDEN S.A. sólo procede con la aplicación de los mismos.
Los usuarios Residenciales y Rurales Residenciales tienen beneficios por ahorros en lo referente al Plan Estímulo o a la Tarifa Social, mientras que el resto de los usuarios no, excepto ciertos subsidios específicos para determinados tipos de industria que encuadran en ciertos programas definidos en forma conjunta por el Ministerio de Energía y Minería y el Ministerio de Producción y que no se viabilizan a través de las tarifas del Cuadro Tarifario.
Propuestas para eliminar la carga impositiva
Para el analista económico Roberto Cachanosky, “el estado tiene que eliminar buena parte de la carga tributaria que hay en cada cuenta de luz y gas”. Y agregó: “Eso existe porque los municipios, las provincias y la nación utilizan a las empresas distribuidoras de gas y luz como entes de recaudación. Como la gente paga la cuenta de luz y de gas para que no le corten el servicio, los tres niveles del estado se aseguran ingresos fiscales”.
Cachanosky propone entonces que: “hay que pagar hasta el último centavo de lo que se consume de energía o de gas pero bajando drásticamente la carga impositiva que hoy contienen las facturas”.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó a la justicia federal que declare la inconstitucionalidad de los cargos impositivos o tributarios de las facturas de los servicios públicos esenciales.
Según informó la Defensoría del Pueblo, en la presentación Lorenzino argumentó que “los impuestos que se pagan en las facturas resultan confiscatorios”.
Aseguró que “nuestra postura contra los aumentos tiene que ver con la función de la Defensoría del Pueblo, que es la de garantizar los derechos de todos los bonaerenses. Pedir un crédito para pagar las facturas, que le interrumpan el servicio a gente con graves problemas de salud, son hechos totalmente inaceptables”.
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