ENTREVISTA CON DEMOCRACIA

Pablo Torello: “Los diputados que quieren la ley antidespidos nunca pagaron sueldos”

El diputado nacional bragadense por Cambiemos insistió en que la iniciativa impulsada por el FpV es “una muy mala ley” y señaló que muchos legisladores opositores desconocen la realidad de la actividad comercial.

Pablo Torello nació en la ciudad de Buenos Aires hace 57 años, pero reside en O'Brien, partido de Bragado, y desde el 10 de diciembre pasado es diputado nacional por el frente Cambiemos. Es hermano de José Torello -uno de los hombres más cercanos al presidente de la Nación, Mauricio Macri- y también de Rafael, ex presidente de la Sociedad Rural de Junín. Pero la pregunta de por qué la trayectoria política de Pablo Torello es menos conocida que la de sus hermanos encuentra una respuesta simple: "Mi vida es el campo. De hecho, cuando termine mi mandato, en 2019, tranquilamente puedo volver a O'Brien y dedicarme a la actividad rural, como lo hice siempre", cuenta en diálogo con Democracia.
Recién asomó a la escena pública en la antesala de las elecciones legislativas de 2013, cuando secundó como candidato a concejal bragadense a Vicente Gatica, quien dos años más tarde acabaría en las urnas con la hegemonía del Frente para la Victoria (FpV), que durante ocho años representó Aldo San Pedro, y se proclamaría como nuevo intendente.
Su responsabilidad en la Cámara baja lo obliga a pasar la mayor parte del tiempo en la Capital Federal, pero se lo puede encontrar en sus pagos durante algunas horas a la semana. La coyuntura actual requiere permanentemente de su presencia en los pasillos del Parlamento nacional, no sólo ocupando su banca, sino también, por ejemplo, estando al tanto de las últimas negociaciones de cara al tratamiento del proyecto de ley de emergencia laboral (ley antidespidos) impulsado por la oposición.
Torello, conocedor de la actividad agropecuaria, considera que los primeros resultados de la política del gobierno macrista en la materia son “alentadores”. De este y otros temas reflexionó ante las consultas de este diario.

-¿Cuál es la evaluación que realiza de las medidas adoptadas para el sector agropecuario?
-Está todo englobado dentro de una visión de país, no es algo decidido de la noche a la mañana ni para beneficiar a un sector u otro. Todas estas medidas fueron presentadas ante la Mesa de Enlace en abril de 2014. El presidente Macri considera al sector agroindustrial como motor de la economía argentina. El impacto ha sido positivo. No podemos percibirlo todavía en volúmenes de producción, porque la realidad es que la cosecha de esta campaña ya estaba jugada, pero sí se vio un cambio enorme a partir del 22 de noviembre pasado, cuando Macri ganó las elecciones, ya que se sembraron desde entonces unas 350 mil hectáreas más de maíz, que es un cultivo caro, precisamente porque el sector cree en estas políticas. Un dato contundente es que desde que empezó el nuevo gobierno crecieron los negocios por ejemplo en ExpoAgro, a tal punto que se han hecho acuerdos por unos 8.000 millones de pesos. Conozco la actividad, soy productor agropecuario, así que juzgo las medidas como muy buenas.

-El discurso de la oposición insiste, sin embargo, en que esas políticas sólo benefician al sector agroexportador, ¿qué puede decir frente a ello?
-En realidad, los impuestos por Derecho de Exportación -mal llamados retenciones- no desaparecieron. El 80% del total de estos gravámenes eran por soja y lo único que se hizo fue reducir el porcentaje en apenas 5 puntos, de 35 que eran antes. Es decir que la presión impositiva sigue siendo altísima, pero ello no quita que las decisiones del gobierno hayan sido muy saludables y lo veremos reflejado en los niveles de producción, no sólo en la campaña del año que viene, sino con una perspectiva de cinco años. Calculamos que para entonces deberíamos estar en un 30% arriba de la producción actual.

-Otro de los argumentos en contra de la quita o reducción de retenciones señala que esos instrumentos buscaban evitar que se dispararan los precios internos de los alimentos, pero que de esta manera ahora van a subir exponencialmente, ¿coincide?
-Es evidente que no es así. En la etapa anterior, cuando el sector tuvo que lidiar con controles a la exportación del trigo e incluso con prohibición para comerciarlo al exterior, la diferencia entre los valores del mercado internacional y el precio del pan era abismal. Y hoy en día nosotros creemos que los precios no se van a ir por las nubes porque se haya aliviado apenas levemente las obligaciones impositivas. Lo que necesitamos en realidad es impulsar la oferta, no desalentarla. A la hora de compararnos con los demás países de la región nos damos cuenta de que somos los que menos crecimos, cuando por nuestras potencialidades y nuestros recursos, debió hacer sido justamente lo contrario. Son visiones no compartidas en materia de política agraria. La perspectiva del gobierno anterior fracasó, ahora nos llegó la oportunidad a nosotros y pedimos que nos den tiempo para demostrar resultados.

-¿Cómo ve la situación del agro en esta zona de la provincia de Buenos Aires?
-La política agropecuaria se planifica en zonas núcleo, así que las medidas que se han tomado son básicamente para beneficiar a esta región. Lo importante de todo esto es que se vuelve a recuperar rentabilidad en los cultivos, algo que es necesario tanto para impulsar la producción como para proteger el suelo. Creemos, por otra parte, que es una zona que puede responder rápidamente. En seis meses o un año deberían estar viéndose resultados. No estamos hablando de inversiones que los productores recuperarán en tres, cinco o siete años. Y nos referimos a volúmenes importantes. Pensamos que la inversión general del sector este año va a ser de unos 12 mil millones de dólares, lo que significa un impulso importante, que va a generar trabajo.

-Habla de generar empleo, pero el gobierno se rehúsa a aprobar en el Congreso un proyecto de ley para evitar despidos, ¿por qué?
-La ley antidespidos que impulsa el kirchnerismo se basa en una supuesta ola de despidos que en realidad no existe. Se hablan de más de 150 mil, pero hasta ahora no hubo una sola fuente que lo demostrara. Sí es cierto que hay inconvenientes en sectores puntuales, como en el de la construcción, en donde se han perdido en el último tiempo unos 40.000 puestos. Pero hay que tener en cuenta un factor importante: desde agosto del año pasado, es decir, cuatro meses antes de que asumiera Macri, se dejaron de pagar los sueldos por obra pública. A eso hay que sumarle que muchas los contratos de obra presentaban irregularidades, por ejemplo, sobreprecios en los presupuestos. De allí que nosotros también tardamos unos dos o tres meses en hacer las auditorías correspondientes y estamos normalizando de a poco la situación. Hoy el gobierno está habilitando un promedio de una obra pública por día. Estamos convencidos de que todo esto se va a revertir a partir del segundo semestre.

-¿Qué quieren decir algunos funcionarios del gobierno, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuando afirman que la ley antidespidos impone un “cepo laboral”?
-La ley establece una doble indemnización en caso de despidos durante un plazo de 180 días. Imaginemos una empresa que viene a invertir al país y le va mal y entonces se encuentra que para cerrar debe resarcir doblemente a sus empleados. Podría argumentarse que la ley, en caso de aprobarse, estaría vigente sólo por los próximos seis meses. Pero, ¿quién podría asegurar que el año que viene no se establezca un mecanismo similar? Es difícil pensar en dinamizar la actividad en el país así. Lamentablemente, tenemos que lidiar con el problema de que muchos de los que legislan no tienen ni idea sobre lo que están legislando. Algunos diputados que quieren aprobar este proyecto jamás estuvieron al frente de un comercio ni tuvieron que pagar un sueldo a un empleado. Creemos que es una muy mala ley y por eso apostamos a proyectos diferentes, como el del Empleo Joven, para facilitar el acceso al mercado laboral de personas de entre 18 y 24 años.

-Uno de los problemas que más preocupan a esta región es el de los accidentes fatales que son recurrentes en la Ruta 7. ¿Hay alguna posibilidad de que se resuelva en el mediano plazo?
-Conocemos perfectamente la situación y en junio está previsto que comience la construcción de la autovía en el tramo Chacabuco-Junín. Lo que quiero dejar en claro es que nosotros no vamos a prometer lo que no vamos a hacer y sólo le pedimos al ciudadano que nos dé tiempo para llevar adelante las obras. Se prometió que se iban a hacer las rutas nacionales 3, 5, 7 y 8 y únicamente necesitamos un poco de paciencia. No tengo dudas de que los resultados van a estar a la vista de todos.

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