El principal puerto de Uruguay recibió dos escáneres de carga hace 16 años para detectar drogas y otras cargas sospechosas. Lamentablemente, durante su entrega, uno de ellos cayó al mar. Desde entonces los envíos de cocaína a Europa han aumentado a través del puerto de Montevideo -que manejó un récord de 1,1 millones de contenedores el año pasado- impulsando un aumento de la violencia de las pandillas y socavando la reputación de Uruguay como un faro de estabilidad en la turbulenta América del Sur.
Las autoridades de Uruguay, una nación pequeña y próspera ubicada entre Brasil y Argentina, están desesperadas por ayuda. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) cerró su oficina en Montevideo en 2019 después de años de vínculos tensos con las autoridades locales, dijeron cuatro exfuncionarios de la DEA. Los detalles de la salida de la DEA del país no se habían informado anteriormente.
El actual Gobierno de centroderecha de Uruguay, que asumió el cargo al año siguiente de retirarse la DEA, le ha pedido repetidamente a la administración que regrese, pero funcionarios estadounidenses dicen que no hay planes inminentes para hacerlo.
Tres ex funcionarios de la DEA dijeron que con Washington concentrado en el fentanilo que inunda sus fronteras desde México y con la poca cocaína que circula desde Uruguay hacia los Estados Unidos, hay poco apetito para buscar la aprobación del Congreso para reabrir una oficina en Montevideo.
"Ahora todo es fentanilo", dijo el exfuncionario de la DEA Larry Reichner, subdirector regional de la DEA para el sur de Sudamérica de 2015 a 2019. "Les importa un comino la cocaína". La DEA se negó a hacer comentarios.
De Uruguay a Europa
Las naciones europeas, que reciben la mayor parte de la cocaína que pasa por Uruguay, también tienen una presencia antinarcótica muy limitada en el país latinoamericano. España es el único estado europeo con un agregado policial permanente en Montevideo.
Más de dos docenas de policías y ex policías de Estados Unidos, Europa y Uruguay, así como funcionarios locales, legisladores y diplomáticos extranjeros dijeron que Uruguay se encuentra en una posición precaria, librando una batalla solitaria contra el contrabando de cocaína que se han expandido a todos los rincones de América Latina durante la última década, convirtiendo a naciones alguna vez tranquilas como Ecuador en tierras liberadas para los cárteles.
Uruguay, hogar de 3,4 millones de personas, sufrió un récord de 426 asesinatos en 2018. La violencia se ha mantenido alta desde entonces, con espantosas batallas territoriales entre pequeños clanes de narcotraficantes que conmocionan a un país poco acostumbrado a la violencia de las pandillas.
Con 382 personas asesinadas el año pasado, el presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou busca defender su historial de seguridad antes de las elecciones nacionales en octubre, mientras que algunos legisladores de extrema derecha piden por la presencia de tropas en las calles.
"Tenemos un problema" dijo Mario Layera, jefe de policía de Uruguay de 2016 a 2020 y quien dirigía la fuerza cuando la DEA se fue en 2019. "La cocaína es un problema”.
Nicolás Martinelli, ministro del Interior de Uruguay, dijo que el Gobierno de Lacalle Pou había pedido repetidamente a la DEA que regresara, pero aún no ha obtenido una respuesta positiva. Dijo que estaba complacido de que los agentes de la DEA con base en Argentina ahora visiten Montevideo dos veces por semana, en lugar de una vez cada dos semanas.
Una oficina de la DEA no es una panacea, y muchas naciones latinoamericanas han tenido durante mucho tiempo una fuerte presencia de la organización en su territorio. Martinelli dijo que su país está desesperado por contar con equipos y experiencia estadounidenses; y lamentó que el estatus de Uruguay como nación de altos ingresos lo excluye de las donaciones antinarcóticos de Estados Unidos.
"Uruguay sigue siendo un valioso socio de la DEA," dijo un portavoz de la DEA. "Seguimos explorando activamente nuevas oportunidades para ampliar nuestros esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en todo el mundo".
Crímenes
Con 382 personas asesinadas el año pasado, el presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou busca defender su historial de seguridad antes de las elecciones nacionales en octubre.
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