Diputados, ministros, periodistas... todos los que se mueven en la burbuja política de Westminster y Whitehall, en Londres, permanecen paralizados desde primera hora de ayer, a la espera de que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, entregue su informe final de la investigación en torno a las fiestas prohibidas en Downing Street.
Hay un consenso general que señala que las próximas horas serán cruciales para el futuro político de Boris Johnson.
El primer ministro ha comparecido ayer en la sesión de control de la Cámara de los Comunes para hacer frente a una nueva batería de duras críticas de la oposición laborista, sobre todo después de que en las últimas horas se conociera la decisión de la Policía Metropolitana de Londres de iniciar por su cuenta una investigación de las polémicas fiestas, en medio del confinamiento. Antes de que la ciudadanía británica conozca las conclusiones de la investigación, Johnson ya ha dejado claro que no tiene intención de dimitir, como ha vuelto a exigir la oposición laborista y al menos media docena de diputados conservadores. Johnson ha optado por escudarse en la actual crisis de Ucrania para restar importancia al escándalo que lo acosa.
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