Los tribunales bonaerenses ya no podrán resolver de forma unipersonal los hábeas corpus que presenten los defensores públicos para pedir por los arrestos domiciliarios de presos en riesgo de contraer coronavirus.
Desde hoy, esos fallos solo serán aprobados con la firma de al menos dos miembros de cada sala de la Cámara de Casación Penal. Así lo establece la resolución 480/20 que la Suprema Corte Bonaerense aprobó el lunes 27 de abril.
La potestad de otorgar o no el beneficio quedará entonces en manos de la mayoría y no de un solo magistrado, como ocurrió, por caso, el pasado 8 de abril, cuando el juez platense Víctor Violini hizo lugar a un amparo colectivo para beneficiar con domiciliarias a reclusos que integraran grupos de riesgo (por edad o patologías) y hubieran cometido delitos leves. Pero en la práctica todo fue más temerario. Se beneficiaron, entre otros, violadores y femicidas, se sucedieron motines arguyendo la amenaza del virus como coartada y las presentaciones por liberaciones masivas se acumularon en los tribunales a la par que crecía el malhumor social que terminaría reflejándose en el ruidoso cacerolazo del jueves último.
En ese clima se inscribe la resolución de la Corte que desde hoy impedirá que un solo juez pueda decidir por la libertad de cientos de presidiarios. Se volverá, de esta manera, “al régimen ordinario de asignación de turnos para las cámaras civiles y de la toma de decisión plural o por mayorías de los miembros de los tribunales colegiados”, entre ellos el Tribunal de Casación, precisa la resolución de marras.
El cambio en las condiciones para liberar presos llegará también después de un recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve para que se declare la inconstitucionalidad de la medida firmada por Violini.
Altuve ya había apelado la decisión en Casación, pero -al ser rechazado su reclamo- recurrirá hoy mismo ante el máximo tribunal bonaerense.
Para Altuve, el fallo del presidente de Casación provincial es “de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación”.
De acuerdo a la manifestado por fuentes judiciales, Altuve afirmará en su recurso de queja que el Tribunal de Casación resolvió una causa colectiva cuando la decisión de otorgar prisión domiciliaria a los detenidos en las cárceles bonaerenses corresponde a los jueces de primera instancia, que son los que tienen a disposición a los privados de libertad.
En primer lugar, la Corte deberá definir si el recurso es o no admisible, aunque, según pudo saber este diario, el alto tribunal le daría celeridad al trámite y todo indicaría que declarará admisible el recurso, abocándose a su tratamiento. Según trascendió, la decisión del presidente Daniel Soria y los jueces Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari se podría adoptar en el término de una semana a diez días.
Ochenta liberados por homicidios y abusos sexuales
Mientras la indignación y la incertidumbre se agigantaban tras el fallo de Casación, los datos oficiales brillaban por su ausencia. ¿Cuántos delincuentes fueron liberados? Y entre ellos, ¿cuántos por crímenes considerados graves? Según un reporte dado a conocer ayer por fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), durante el primer mes del aislamiento social, preventivo y obligatorio la Justicia ordenó la excarcelación de 2.200 presos de los penales de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 599 corresponden a prisiones domiciliarias por el coronavirus y 1.601 a libertades por distintos motivos procesales, entre ellos cumplimiento de pena, libertades asistidas o salidas transitorias.
De acuerdo a los registros del SPB, de esos 2.200 beneficios otorgados en el primer mes de la cuarentena, más del 90 por ciento corresponde a presos por casos de estafas, delitos contra la propiedad, causas por drogas o lesiones.
Del 15 por ciento restante (alrededor de 200 casos), egresaron de los penales bonaerenses “38 presos en el marco de causas por abuso contra la integridad sexual y 42 por homicidio, y el resto se divide entre otros delitos”.
“Esos egresos no significan que sean prisiones domiciliarias por el Covid-19 únicamente, sino que la gran mayoría es por el cumplimiento de la pena”, precisó una fuente penitenciaria.
Respecto a los 599 que obtuvieron en la domiciliaria ante un posible contagio del coronavirus, el vocero del SPD dijo que “el 78 por ciento de los casos fue por causas por tenencia de drogas y por delitos contra la propiedad, entre otros delitos menores; el 9 por ciento por homicidios, otro 9 por ciento por abusos y violaciones y un 4 por ciento por otros delitos, entre ellos secuestros extorsivos”.
Ante la falta de información oficial, estas cifras fueron motivo de especulación en medio del escándalo y contrastan contra lo afirmado días atrás por la jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, quien sostuvo que desde el comienzo de la pandemia se habían liberado 176 acusados por violaciones.
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