Luego de impulsar proyectos similares para las áreas de Seguridad e Infraestructura, el gobierno de María Eugenia Vidal impulsa ahora una iniciativa que declara por un año la emergencia del Servicio Penitenciario y del sistema de salud en las cárceles debido a las “carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.
En la iniciativa, la gobernadora hizo referencia a la “superpoblación carcelaria”, destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria “pasó de 30.712 a 35.166 detenidos” y cuestionó una “falta de inversión acorde con las necesidades” de las personas privadas de su libertad.
El objeto de la declaración es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.
Además, exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.
El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”.
EL PROYECTO FUE GIRADO A LA LEGISLATURA
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