“El ancla del nuevo programa económico será fiscal”, adelantó una alta fuente del equipo de Luis Caputo, el designado titular del Palacio de Hacienda por el presidente electo Javier Milei, que ya ocupara ese cargo bajo el mandato de Mauricio Macri. Y en el mismo rumbo, se señaló que “rápidamente se alcanzará el déficit cero” en las cuentas públicas, “antes de lo que se imaginan”.
En lo inmediato, se pudo confirmar que, ante la falta de un nuevo presupuesto para 2024, el Milei decidirá prorrogar el correspondiente al año en curso, es decir que tendrá la posibilidad de licuar gastos al no ajustarse las partidas nominales.
Por lo demás, se sabe que, pese a la promesa efectuada durante la campaña electoral de eliminar de inmediato las retenciones a las exportaciones agropecuarias, por ahora Milei mantendrá ese tributo que exaspera al campo, porque necesita imperiosamente de esos dólares que ingresarán por la cosecha gruesa.
En tanto, trascendieron algunas de las medidas más importantes que se implementarán de inmediato, algunas esbozadas en la campaña electoral en modo enunciativo y otras que se delinearon en los últimos días.
En ese sentido, se asegura que se prohibirá al Banco Central emitir moneda y financiar al Tesoro nacional, habrá quita de subsidios a las tarifas en forma gradual, pero en un plazo corto, que va de enero a abril. No habrá obra pública, salvo la que tenga financiamiento externo, por lo que mucha inversión iniciada podría paralizarse.
Asimismo, se suspenderán los aportes no reembolsables a las provincias, se congelarán los beneficios presupuestarios para las empresas privadas, los giros a universidades públicas sólo serán por los montos y valores de 2023, lo que genera un brutal ajuste, sobre todo considerando la inflación superior al 150% anual.
Por otro lado, habrá liberación de precios de combustibles y prepagas, asestando un durísimo golpe a la clase media, los salarios públicos quedarán adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada, lo que significa que no habrá paritarias ni incrementos de sueldos a lo largo de un año, licuándose los ingresos de los empleados del Estado. Se presume que una política similar podría adoptarse con las jubilaciones y pensiones, rubro que desde Economía consideran una de las pesadas cargas de las cuentas públicas.
Se hará la transferencia de la bola de las Leliqs al Tesoro Nacional y se buscará con esa medida mejorar el balance del BCRA. En tanto, las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta, en un plan de privatizaciones que se insinúa, mucho más ambicioso que en los 90, bajo la presidencia de Carlos Menem.
Por último, se establecerá una devaluación del peso del orden del 80%, fijándose el valor del dólar comercial en alrededor de 720 pesos, aunque el tipo de cambio oficial sufriría un recargo adicional del 30% a través del aumento del impuesto País, para evitar la salida de divisas.
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