El Gobierno autorizó ayer un aumento de hasta el 9,8% en las tarifas de los servicios de internet, telefonía fija, televisión por cable y satelital, solo para pequeñas y medianas empresas que posean menos de 100 mil clientes.
El incremento se aplicará desde el primero de enero y se formalizó por medio de la Resolución 2187/2021 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicada en el Boletín Oficial.
“Establecer que las Licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet, de Servicios de Telefonía Fija, de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico y las Licenciatarias de Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital que posean hasta 100 mil accesos totales; a partir del 1 de enero de 2022 podrán incrementar el valor de todos sus precios minoristas en un porcentaje que no podrá ser superior a 9,8%, tomando como referencia sus precios vigentes”, según el texto oficial.
El Enacom dispuso también que cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las licenciatarias, y que supere los valores expresamente autorizados “deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”.
Los precios de estos servicios estuvieron congelados durante el año pasado, por la pandemia, y también se prohibió el corte por falta de pago.
En enero de 2021, se autorizó un ajuste general del 5% y otro del 8% para los licenciatarios que no hubieran aumentado sus precios de sus planes y servicios durante el 2020.
Un mes después se aplicó otro incremento de hasta el 7% para aquellas empresas con menos de 100 mil accesos totales.
Más tarde, el Gobierno aplicó otra suba del 5% retroactiva a julio para las telecomunicaciones.
El Enacom justificó este ajuste del 9,8% al señalar que “se han recibido nuevos requerimientos de aumentos con posterioridad a los últimos incrementos autorizados hasta julio de 2021, especialmente de aquellos prestadores de menor envergadura como cooperativas y pymes”.
Por ese motivo, expresó que “resultan atendibles y razonables las solicitudes de correcciones necesarias tendientes a la sostenibilidad de los servicios prestados tanto por cooperativas.
NAFTAS
A principios de diciembre, el Gobierno nacional decidió postergar hasta marzo de 2022 un nuevo aumento de las naftas, con el fin de establecer otra ancla para desacelerar la marcha de los precios de la economía.
De hecho, el 1º de diciembre estaba prevista una suba del 8% en los combustibles, pero el Gobierno postergó la aplicación de los impuestos que iban a justificar ese aumento. La intención del Ejecutivo fue –y es– mantener congelados los precios de la nafta y el gasoil.
En esta línea, fuentes oficiales ratificaron esta semana que “no está previsto que YPF aumente los precios de las naftas en los próximos meses”.
En tanto, desde las petroleras privadas insisten sobre la situación crítica del sector, afectado por un atraso en el valor de los combustibles que estiman entre un 15% y un 27%.
“El último incremento que tuvimos fue en mayo, y de ahí acumulamos dos dígitos de los impactos de devaluación, del precio del petróleo y del precio de los biocombustibles que nos impactan en el precio de venta final”, señaló Teófilo Lacroze, CEO de Raízen, la empresa que comercializa combustibles con la marca Shell en Argentina.
“No se puede esperar más, es urgente un aumento”, agregó Lacroce esta semana en diálogo con el portal Energía On.
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