Por orden judicial, Salud entrega todos los mails de AstraZeneca

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, confirmó ayer que el Gobierno firmará un decreto para la modificación de la ley que regula la compra de vacunas, con lo cual ahora podrán ingresar al país las dosis de Pfizer, Moderna y Janssenque que hasta el momento no se aplican.
El presidente Alberto Fernández firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular y actualizar el marco legal en el que se desenvuelve el mecanismo de compra de vacunas contra el coronavirus, lo cual abrirá el paso a la adquisición de dosis pediátricas y permitirá ampliar el espectro de inmunizantes disponibles para la población en general.
Los detalles del decreto se conocieron en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes señalaron que la herramienta legal será publicada hoy en el Boletín Oficial.
La normativa crea un Fondo de Reparación Covid-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.
Se trata de un mecanismo que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad respecto de las contrataciones, dijeron las funcionarias.
Ibarra adelantó que se establecerán modificaciones a la Ley de 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra el covid-19, tanto en lo que son “contratos bilaterales, como mecanismo Covax y donaciones”.
La secretaria subrayó que apenas fueron aprobadas las vacunas pediátricas contra el coronavirus fue un objetivo del Gobierno nacional obtenerlas y, en ese contexto, es que se modifica el “marco legal” para propiciar “conversaciones” con los distintos laboratorios, sin perder de vista la “protección de los intereses de los argentinos” y de los “bienes soberanos”.
La secretaria Legal y Técnica adelantó que el DNU incluirá modificaciones a la normativa vigente, y que una de ellas será la supresión de “la negligencia”.  
Son cientos de mails que se enviaron entre Vizzotti, Cafiero y otros funcionarios de menor rango con el laboratorio productor de la vacuna. 
La Justicia federal investiga presuntas irregularidades en el contrato por la compra de 22,4 millones de vacunas a AstraZeneca, con un presupuesto acordado en 89,6 millones de dólares. El caso comenzó con una denuncia contra Alberto Fernández, el exministro Ginés González García, su sucesora Vizzotti y otros dos funcionarios del Ministerio de Salud, por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
Por los hechos denunciados “se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado Argentino, como consecuencia de lo cual se habría demorado el proceso de vacunación contra el virus covid-19, aumentando el riesgo de propagación de la pandemia en el territorio nacional”, sostuvo el fiscal al requerir que se ordenen los allanamientos a las oficinas locales del laboratorio.
El cronograma era claro: durante el primer semestre de este año, AstraZeneca debía entregar 22.400.000 de vacunas a nuestro país en tres tramos que terminaban en julio.  Sin embargo, en el transcurso de los primeros tres meses del año no llegaron las vacunas por las que el Estado abonó 53.817.419 dólares de los 89.700.000 totales, es decir el 55,58%.