Un proyecto de ley que sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y fiscales obtuvo hoy dictamen unánime de la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores, y será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana.
La iniciativa impulsada por el bloque justicialista obtuvo el respaldo de los legisladores de todas las bancadas.
El expediente responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y se dejó a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.
Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende.
También se le requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos.
El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a jueces y a fiscales. Además, las escuchas no podrán extenderse por más de treinta días, a menos que haya una orden judicial para su prórroga.
Las sanciones previstas en la norma van desde la "falta grave administrativa" a los cuatro años de prisión y establece, en el caso de magistrados y funcionarios judiciales, la posibilidad de ser acusados, además, por "mal desempeño en sus funciones" y pasibles de juicio político.
La violación a las normas de la cadena de custodia, sin importar si eso genera una filtración, será considerada como "falta grave administrativa".
Asimismo, serán castigados con prisión de seis meses a dos años a quienes, obligados a guardar el secreto sobre la información, violaran ese deber de confidencialidad.
Finalmente, se penará con prisión de dos a cuatro años a quien "a sabiendas, divulgare, comerciare o entregare para su difusión" las escuchas. Si el responsable fuera un funcionario público, además, se lo inhabilitará de manera especial.
En este punto, el senador Federico Pinedo pidió modificar el proyecto original ya que en la redacción que llevaba la firma de los peronistas Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Carlos Espínola y Miguel Pichetto no se dejaba explícitamente afuera de las sanciones a quienes divulguen las escuchas a través de medios periodísticos.
El texto originalmente sancionaba a quien "a sabiendas ofreciere, divulgare, comerciare o facilitare la difusión de la documentación".
"Esto de 'facilitare la documentación' no deja en claro si puede incluir a periodistas o a un medio. En consecuencia, para salvaguardar la libertad de prensa, debería ser modificada", reclamó el legislador macrista.
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