La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que se declare "inconstitucional" la Reforma Previsional aprobada recientemente por el Congreso mediante la presentación de una acción de amparo ante la justicia nacional, y también denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la nueva ley es de carácter "regresiva" y que produce "daños irreparables" entre los beneficiarios del sistema.
Con esta medida, presentada junto a la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, la Defensoría que conduce Guido Lorenzino, ex diputado nacional, asumió la voluntad de ejercer la representación colectiva de todos los damnificados por los cambios en las jubilaciones, pensiones ordinarias, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
"Las modificaciones introducidas a la norma van en contra lo que dice la Constitución y los tratados internacionales", expresó Lorenzino, quien agregó que "básicamente vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social".
Afecta a millones de personas
La posición de la Defensoría tiene en cuenta que los cambios generan graves amenazas, como la disminución de ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo que afectaría a aproximadamente a 10.000.000 de habitantes, entre jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas, y beneficiarios de prestaciones sociales como la AUH y otros subsidios.
"Cualquier reforma que modifique derechos requiere del diálogo con todos los sectores. En este caso, la nueva norma introduce cambios en las funcionalidades del sistema, y la falta de consensos, por lo tanto, fue un aspecto central que marcó a la nueva ley. Se impone, por lo tanto, revisar este método para que no sea el único mecanismo válido para lo que se viene", expresó el Defensor del Pueblo.
Otro de los aspectos que cuestiona la presentación de Lorenzino es el que liga la movilidad de haberes a la inflación, algo que no ha sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia. También considera que la reforma es discriminatoria para los beneficiarios por moratoria, "ya que no se les reconoce la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, ya de por sí exiguo".
Vulnera la Constitución y tratados internacionales
Lorenzino pidió además una medida cautelar por este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Las modificaciones aprobadas por el Congreso no sólo van en contra de lo que dice la Constitución, sino que también rompe con los postulados de varios tratados internacionales, por lo que creemos también necesario llevar la discusión a otro nivel", aseguró Lorenzino.
La presentación ante la Comisión Interamericana tiene que ver con que la reforma genera una disminución de los ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo entre los beneficiarios. También rechaza la movilidad de haberes según la inflación, y advierte que la reforma previsional no reconoce la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil para los que accedieron a la jubilación por moratoria.
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