¿Un “Pacto de la Moncloa” o un nuevo fracaso?

Como un deseo histórico de los gobernantes argentinos, la presidenta Cristina Kirchner reflotó, una vez más, la idea de convocar a un gran diálogo social a empresarios y sindicalistas, en un intento por diluir las tensiones generadas en año electoral y evitar desbordes salariales y presiones inflacionarias.
La Jefa de Estado exhortó a la CGT y a la Unión Industrial Argentina a acercar posiciones y buscar un ámbito de discusión más “civilizado” para las demandas sectoriales.
Para darle forma a este incipiente diálogo social, Cristina convocó para este lunes a la central obrera y dos días después será la UIA la que concurrirá a Casa de Gobierno.
“Cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo”, sostuvo la Presidenta en una nota que envió a Hugo Moyano y que el líder sindical difundió en el masivo acto que realizó en la avenida 9 de Julio para celebrar el Día del Trabajo.
La Jefa de Estado sabe que el efecto de las elecciones presidenciales puede llegar a  enturbiar el clima social y económico del país y convertirse en un elemento que erosione el
“modelo” productivo y social iniciado en 2003.  Actualmente, la macroeconomía sigue mostrando una fortaleza indiscutible: se mantienen con fuertes crecimientos la producción industrial, el superávit fiscal y comercial, con pronósticos de cosecha récord y buen ingreso de dólares al país para cubrir obligaciones.
Solamente el dólar mostró cierta tónica alcista en los últimos días, pero las reservas internacionales que tiene el Banco Central le permite mantener el tipo de cambio en el valor deseado.
En cuanto a las exigencias sindicales, la Presidenta intentó fijar un techo de aumento salarial del 24 por ciento cuando fue testigo del acuerdo alcanzado entre el sindicato de Camioneros de Moyano y los empresarios del sector.
No obstante, tuvo que salir a pedir mesura en los reclamos sindicales y evitar “desbordes” para que esos pedidos no terminen siendo un boomerang que presione más a los precios.
La convocatoria fue bien recibida por las dos partes y tuvo sus primeras reacciones: Moyano fue al acto de asunción del nuevo presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, y el dirigente empresario dio un discurso de tono netamente conciliador.
“Vamos a poner toda nuestra predisposición”, aseguró el líder sindical durante su discurso por la celebración del Día del Trabajador.
Desde el Gobierno esperan que con la presidencia de De Mendiguren, los industriales abandonen el tono de confrontación demostrado por su antecesor, Héctor Méndez, quien siempre mantuvo una postura más crítica, aunque nunca de ruptura con el Ejecutivo.
A los gremios, y casi como una novedad, les pidió moderación a la hora de realizar reclamos salariales y cuestionó puntualmente la actitud de algunos sindicatos de, por ejemplo, cortar calles.
El cuestionamiento no es menor si se tiene en cuenta que aún faltan por cerrar acuerdos salariales con gremios poderosos como los bancarios, los metalúrgicos y los empleados de comercio, que llegaron a pedir aumentos superiores al 30 por ciento.
A los empresarios, les pidió mayor confianza en el país, un aumento en el volumen de las inversiones para elevar la capacidad instalada y evitar los “cuellos de botella” y prudencia a la hora de aumentar los precios, un tema que desvela al Gobierno más aún si se tiene en cuenta que es un año electoral.
Tanto sindicalistas como empresarios concurrirán a la Casa Rosada a escuchar la propuesta de la Presidenta pero también a reclamar.
Moyano ya adelantó que es propósito de la CGT insistir, en lo económico, con el proyecto de ley para el reparto de ganancias de las empresas que tanto preocupa a la UIA, y en lo político, incluir en las listas oficiales a representantes de la CGT.
A su vez, los industriales le pedirán a la Presidenta más incentivos para la inversión, la instrumentación de reformas financieras y, puntualmente, que cesen lo que desde el empresariado consideran como una actitud hostil respecto de la participación activa en las asambleas de accionistas.
Para los empresarios, el enfrentamiento entre el Gobierno y el grupo Techint por la participación en el directorio de SIDERAR, es un caso testigo de la política reestatizante propia del  kirchnerismo.
Este caso puntual deberá resolverlo la Justicia, que ya hizo lugar a un pedido de impugnación de la asamblea realizada por esa compañía el 15 de abril pasado, ya que no le permitieron participar a los delegados del Gobierno.
Pese a esta conflictiva situación, la designación de directores del Gobierno en empresas cuyas acciones estaban en manos de las AFJP y ahora del Estado se había llevado hasta el momento sin ningún tipo de conflictos.
Sin embargo, la situación se trabó ante la falta de vías de negociación para poder llegar a un acercamiento y por la forma (vía decreto de necesidad y urgencia) en que se produjo el desembarco.
El panorama para alcanzar un acuerdo social ampliado aparece así como una tarea titánica y cuyos resultados nadie puede llegar a predecir.
En 2007, en plena campaña electoral Cristina Kirchner también propuso un pacto social que luego no impulsó y tras la muerte de Néstor Kirchner, Moyano y De Mendiguren mantuvieron en secreto un encuentro para alcanzar un entendimiento, que finalmente no prosperó.
Aquel histórico “Pacto de la Moncloa”, firmado en España en 1977, en el que sindicatos, empresarios y partidos políticos se comprometieron a seguir un programa político y económico para estabilizar el país, parece sencillamente una utopía para la Argentina.