El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha roto su silencio tres días después del registro de la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Garland ha comparecido este jueves en Washington para defender la actuación más polémica impulsada por su departamento. Garland apenas ha dado ningún detalle, alegando que la ley se lo impide, pero sí ha asegurado que tomó la decisión personalmente y que pedirá al juez que le permita hacer pública la orden de registro por ser de interés público.
En paralelo, se ha sabido que el FBI realizó el registro con autorización judicial después de considerar que Trump había incumplido un requerimiento para entregar documentos clasificados secretos y comprometedores para la seguridad de Estados Unidos, según su versión. Ese requerimiento era una actuación políticamente mucho menos explosiva, pero no tuvo éxito.
“La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal tras la necesaria constatación de causas probables [indicios de delito]. La orden de registro es un documento que la ley federal exige que los agentes de la ley dejen al dueño de la propiedad”.
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