La Policía Federal brasileña desplegó ayer una operación contra varios diputados afines al presidente Jair Bolsonaro, uno de sus más recientes y polémicos aliados políticos, varios empresarios y activistas por su supuesta vinculación en la difusión de noticias falsas contra el Tribunal Supremo. Están acusados de ser parte del llamado Gabinete del odio, que impulsa campañas de ataques y desinformación en redes sociales para favorecer el discurso presidencial.
La operación es parte de un caso abierto por el alto tribunal, al que Bolsonaro y su entorno acusan de entorpecer las iniciativas gubernamentales. El Supremo y el Congreso son los dos principales enemigos de los seguidores más ultras del presidente.
Esta operación, fruto de pesquisas que empezaron el año pasado, y otra realizada el martes contra el gobernador de Río de Janeiro tienen potenciales consecuencias políticas en un momento en que varios casos judiciales se entremezclan y Brasil está afectado de lleno por la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 24.500 personas.
Hace ya años que la judicialización de la vida política es una realidad cotidiana en Brasil.
Esta investigación de las fake news es uno de los motivos por los que Bolsonaro estaba empeñado en cambiar al jefe de la Policía Federal. Sus presiones, en ese sentido, llevaron a la dimisión del exjuez Sergio Moro como ministro el mes pasado y a que las acusaciones con las que se despidió de Bolsonaro se hayan convertido en una investigación por injerencias políticas.
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